REDACCIÓN/EFE. PALMA/MADRID.
El Gobierno aprobó ayer el anteproyecto de ley que crea para los autónomos un sistema específico de protección por cese de actividad involuntaria y que beneficiará, según los cálculos del Ejecutivo, a un millón de emprendedores. El texto será ahora enviado al Consejo Económico y Social (CES) para que emita su dictamen y se pueda iniciar así su tramitación parlamentaria.
Tras meses de estudio, el Gobierno ha optado por la aplicación de un modelo mixto de prestación por cese de actividad, que combina la obligatoriedad del sistema para algunos autónomos con la voluntariedad para otros pequeños empresarios. Será obligatorio para los emprendedores que necesariamente tienen que cotizar por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y que actualmente son los autónomos económicamente dependientes (al menos el 75% de sus ingresos vienen de un mismo cliente) y los que estén en actividades con un mayor riesgo de siniestralidad. Este colectivo asciende a 539.338 personas, entre los que se incluyen 176.000 trabajadores autónomos del sector agrario.
Un año de cotización mínima
Aunque se espera que ese medio millón de trabajadores se duplique en breve, según detalló la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega. "Pronto serán cerca de un millón", recalcó, explicando que la cifra crecerá necesariamente porque se tienen que formalizar más contratos por parte de los económicamente dependientes y se deben establecer cuáles son esas actividades que suponen un mayor riesgo, como son construcción o el transporte. El sistema es voluntario para los autónomos que no cotizan por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que tendrán dos opciones: seguir igual que hasta ahora o cotizar para ese seguro de accidentes y enfermedad. En todos los casos -obligatorios y voluntarios- para cobrar la protección habrá que haber cotizado por esas dos contingencias durante al menos doce meses continuados antes del cierre involuntario del negocio.
Para De la Vega la aprobación del anteproyecto supone un "antes y un después" en la protección de los autónomos y da respuesta a una reivindicación "histórica". Menos grandilocuentes se muestran los afectados, que valoran la propuesta pero la creen insuficiente. Los colectivos de autónomos ATA, UPTA y OPA esperan por ello que el período de cobro (limitado a un máximo de medio año) se amplíe en el trámite parlamentario. En CiU coinciden con esa opinión, y plantearán una enmienda en el Congreso. UGT, por su parte, elogia la medida como "un gran paso", pero pide más para que los autónomos siguen acercando sus derechos a los de los trabajadores por cuenta ajena.
