La financiera estadounidense CIT, que se ha declarado en quiebra, se enfrenta desde ayer a un plan de reorganización cuyo éxito es vital para un sector de la economía estadounidense que representa a más de 90 millones de empleados.
Su caso está en manos del juez Allan Gropper, aunque inicialmente se adjudicó a otro magistrado, Robert Gerber, especializado en bancarrotas y que hace unos meses ya tuvo que dirimir en la muy compleja del gigante automovilístico General Motors, cuando se declaró en quiebra.
CIT, una institución financiera con más de un siglo de historia y que está especializada en créditos a estudiantes y pequeñas empresas, decidió el domingo acogerse al capítulo 11 de la ley de bancarrota estadounidense, incapaz de afrontar una situación que se había deteriorado en los últimos meses.
Su decisión de someterse a esa ley la ha convertido en la quinta mayor empresa que entra en quiebra en la historia de Estados Unidos, por detrás de Lehman Brothers, Washington Mutual, WorldCom y General Motors. La financiera prevé un plan para resurgir como una nueva empresa a finales de año y para ello cuenta con el apoyo de sus acreedores.
Esta firma, que tiene su base en Nueva York y que con esta decisión ha buscado recortar su deuda en 10.000 millones de dólares, cuenta con unos activos de 71.000 millones de dólares y otros 64.900 millones en pasivos, según datos de la empresa a fecha 30 de junio. En su plan de reorganización la firma prevé también reducir sus necesidades de liquidez en los próximos tres años, además de reforzar su capital y volver cuanto antes a los beneficios.
CIT señaló que hay un millón de consumidores que dependen de la firma para cubrir sus necesidades de financiación y que sus negocios sigan funcionando.
Las acciones de CIT se negociaban ayer en torno a los 26 centavos de dólar, un precio un 63% inferior al de cierre del viernes.
