Disturbios en México tras cerrarse por sorpresa una firma pública de energía

EFE. MÉXICO. El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) exigió ayer la derogación del decreto presidencial que disolvió de madrugada la empresa pública Luz y Fuerza del Centro (LyFC), anunció una campaña de resistencia y pidió diálogo con el Gobierno. El presidente Felipe Calderón emitió un decreto por el que liquida por ineficiencia operativa y financiera a LyFC, que cuenta con 66.000 trabajadores sindicalizados, al tiempo que las instalaciones de la empresa fueron tomadas por cientos de policías federales para garantizar el suministro de energía eléctrica. La empresa da servicio a 6,2 millones clientes en la capital mexicana y algunos municipios de los estados centrales de Morelos, Estado de México, Puebla e Hidalgo.
Fernando Amezcua, portavoz del SME, aseguró que las tres exigencias son la derogación del decreto, la salida de los policías federales de las instalaciones de LyFC y la vuelta de los trabajadores a sus puestos.