Funcionarios sin merma adquisitiva

AGENCIAS. MADRID. El Gobierno se comprometió ayer con los sindicatos a mantener el poder adquisitivo de los funcionarios y el personal laboral contratado y a desarrollar el Estatuto Básico de la Función Pública en la primera reunión formal para reanudar el diálogo social.
Así lo confirmó la secretaria de Estado para la Función Pública, Carmen Gomis, tras valorar que el encuentro entre Gobierno y los dirigentes de los sindicatos mayoritarios de la Función Pública, UGT, CCOO y CSI-CSIF discurriera en un ambiente "cordial y constructivo".
En los mismos términos se pronunciaron los secretarios de los Servicios Públicos y de la Ciudadanía de UGT y CCOO, Julio Lacuerda y Enrique Fossoul, y el presidente del sindicato CSIF, Domingo Fernández, quienes indicaron que la reunión "fue positiva".
Lacuerda explicó que en el terreno salarial el Gobierno "no ha dicho por dónde pueden ir los tiros" pero sí se ha anunciado que "no tiene la menor intención de que los empleados públicos pierdan poder adquisitivo en los próximos tres períodos presupuestarios".
No obstante, indicó que la vicepresidenta primera sí les reclamó "contención salarial".
Asimismo, los tres dirigentes sindicales insistieron en que en esta reunión "no se ha discutido" la oferta de los sindicatos en torno a la subida del 1% del salario de los funcionarios para 2010 e incrementos según el Índice de Precios al Consumo (IPC) en los dos años siguientes.
Carmen Gomis dijo que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha planteado un acuerdo sobre tres puntos: un plan salarial que "asegure que en ningún caso habrá pérdida de poder adquisitivo, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y la adecuación de una oferta de empleo público a las nuevas necesidades de la sociedad".
Anunció que, aunque hay "diferencias", también hay "bases para el acuerdo", ya que existen "objetivos comunes" y dijo que en los próximos días el Gobierno estudiará detenidamente la propuesta unitaria de UGT y CCOO y la planteada por CSI-CSIF, "que es muy similar. Hay discrepancias, pero no hemos hecho más que empezar y existe voluntad por parte de todos, y voluntad decidida del Gobierno, para llegar a un acuerdo para esta legislatura", aseveró.
Al respecto, Lacuerda anunció que hoy empezarán las reuniones técnicas para alcanzar antes del 25 de septiembre, fecha en la que debe estar concluido el anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado, un acuerdo en el cual se debe reflejar la evolución salarial de los empleados públicos para los próximos tres años.
Insistió en que, en un marco de dificultad económica, en el cual los salarios sólo pueden ser un elemento de contraste o crítica recíproca, la voluntad mostrada de volver a la senda del diálogo social es muy positiva, aunque dijo que el "caballo de batalla" para UGT será "dar certeza" a un mecanismo que garantice el poder adquisitivo de este colectivo.
El salario de los funcionarios se ha congelado en los últimos veinte años en dos ocasiones: la primera en 1994, con Felipe González como presidente de Gobierno, y la segunda, en 1997 durante el primer mandato de José María Aznar al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, en 1994, el Gobierno de Felipe González, con Pedro Solbes como ministro de Economía, justificó la medida de la congelación en la necesidad de reducir el déficit público en una época de crisis.
Tras ganar el Partido Popular las elecciones generales de mayo de 1996, el entonces ministro de Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, decidió el 19 de septiembre de 1996 congelar de nuevo el salario de los empleados públicos para 1997. En esta ocasión, el argumento esgrimido fue la necesidad de elaborar unos presupuestos austeros para poder cumplir con los criterios de convergencia con la Unión Europea que, entre otros asuntos, fijaba un déficit público no superior al 3%.