El Gobierno se plantea subir los impuestos a las rentas más altas

A.MAGRO. PALMA. El Gobierno prepara nuevas subidas fiscales. Tras elevar hace dos meses impuestos indirectos como los de la gasolina, el alcohol y el tabaco, el Ejecutivo busca afinar ahora más el tiro para no castigar a las rentas más bajas. O eso insinúo ayer el ministro de Fomento, José Blanco, que apunta a una subida de impuestos a los ciudadanos más ricos. Concretamente, Blanco afirmó que "si es necesario elevar determinados tipos impositivos de las personas que tienen más renta para garantizar políticas sociales o inversiones públicas, habrá que hacerlo".
El análisis del ministro está estrechamente ligado a la polémica de los últimos días en torno a la ayuda de 420 euros a parados sin paro. Lo confirmaba el propio Blanco, que asegura que la ampliación de la medida que afrontará el Gobierno tras la presión de los sindicatos y del grueso de los partidos de la oposición (del PP a IU) exige una "reflexión": si aumenta el gasto público, han de crecer los ingresos, máxime cuando el consejo de todos los organismos internacionales (FMI, BCE e incluso el G20) es que se empiece a reducir el déficit público para salir de la crisis. Y la única forma que encuentra el Gobierno para limar el desequilibrio sin recortar ayudas sociales e inversiones clave para el desarrollo es aumentar el IRPF a quienes pueden pagar la subida. "Todos tenemos que contribuir a mejorar la situación", subraya Blanco, llamando a la ciudadanía a la comprensión: "Hay que movilizar todos los recursos para estimular la economía".

No salen las cuentas

La cuestión de fondo es que el Ejecutivo ha hecho cuentas. Y no le salen. Según explicaba ayer otro ministro, el de Trabajo, Celestino Corbacho, la ampliación de las ayudas a las personas a las que se les acabe la prestación por desempleo es sumamente gravosa. La cuenta redonda reza que por cada mes que se amplíe la aplicación de esa ayuda de 420 euros el Estado deberá poner cien millones. De ahí el dilema. La medida cuesta ya 642 millones si se le entrega esa nueva prestación solo a quienes pierdan el paro desde el 1 de agosto de este año hasta el 1 de enero de 2010. Si se modifica ese plan inicial y se amplía su inicio a junio –como parece ser la intención–, las arcas estatales tendrán que desembolsar casi 900 millones. O más. Porque la cifra es gruesa, pero se convierte en ridícula cuando se compara con la que implicaría aceptar la propuesta sindical: si se toma como referencia el 1 de enero de este año, más de 910.000 personas que han dejado de cobrar el paro pasarían a recibir los 420 euros –en lugar de las 340.000 previstas– con lo que la factura se dispararía muy por encima de los 1.500 millones.

Presión a las autonomías

Por eso no cuadran las cuentas. Y por eso el Gobierno inicio ayer una doble presión: por un lado, al principal partido de la oposición (PP), al que insta a decidir entre subidas de impuestos a los más ricos o ayudas a casi un millón de parados sin paro a costa de un grave desequilibrio presupuestario; y por otro, a las autonomías, a las que el presidente Zapatero advirtió ya el miércoles que tendrán que ayudar a hacer frente a esta costosa ayuda a los desempleados sin recursos.
"Soy partidario de ayudar a los que más lo necesitan, y si para ello los que tienen más recursos tienen que apretarse el cinturón, habrá que decirlo con claridad a la sociedad", recalcaba Blanco. El ministro disparaba además a la línea de flotación del PP, al que recordaba que no es incompatible su triple propuesta de bajar impuestos, recortar el gasto público y aumentar las ayudas a parados sin paro: "Sencillamente no es posible. Los recursos son limitados", recalcó Blanco, reprochando la "demagogia" del PP. "Llegan a decir cosas muy sorprendentes, y son los mismos que dicen que hay que bajar impuestos y reducir gastos", insistía el ministro, que definió su propuesta de subida de la fiscalidad a los más ricos como "personal". "La defenderé en el Consejo de Ministros, concluía Blanco, al que no le salen las cuentas. Pese a ello, ayer presentó un plan con otros 6.000 millones en obras públicas para reactivar la economía.