El Gobierno modifica 47 leyes del sector servicios para ganar en eficiencia

EFE El Gobierno aprobó hoy el decreto ley conocido como la "Ley Ómnibus" que modifica 47 leyes estatales de sectores, como el de la energía, el transporte, las comunicaciones, la agricultura o la sanidad, y que pretende liberalizar el sector servicios para "ganar en eficiencia, productividad y empleo".

Así lo anunció hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras explicar que el Consejo de Ministros ha aprobado la normativa que supone la adaptación a las leyes españolas de la Directiva Europea de Servicios y cuyo plazo de trasposición vence en diciembre de este año.

La ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, valoró hoy la "mayor reforma" de este sector porque -calculó- la trasposición de la Directiva europea supondrá la aportación de 1,2 puntos al crecimiento de la economía española en los próximos cinco años, así como la creación de entre 150.000 y 200.000 nuevos empleos.

Salgado señaló que la nueva normativa supondrá la modificación de 116 decretos leyes y normas autonómicas y municipales en las próximas semanas y ayudará a "aumentar la competitividad de España".

Por su parte, Fernández de la Vega especificó que la Ley Ómnibus eliminará 16 regímenes de autorización previa, otros 32 los sustituirá por comunicaciones previas, y suprimirá 111 requisitos.

"Simplificará al máximo todos los procedimientos administrativos para dejar atrás la cultura de la autorización para todo y supondrá la liberalización de los mercados españoles en Europa y la retirada de barreras anacrónicas", aseveró.

La vicepresidenta primera añadió que el Gobierno ha ordenado a todos los ministerios dar prioridad a la modificación de las leyes estatales que les afectan.

Asimismo, resaltó que la nueva Ley impulsará la creación de empresas, la competencia y la internacionalización de las pymes en el sector servicios, que representa el 66% del PIB y del empleo en España, ya que elimina numerosas cargas administrativas y trámites burocráticos para poder iniciar una actividad.

El proyecto de Ley modifica 47 leyes estatales de las siguientes áreas: administración pública (3), consumo (1), servicios profesionales (3), empleo (4), servicios industriales y construcción (6), energía (3), transporte y comunicaciones (7), medio ambiente y agricultura (13) y sanidad (3).

Entre las principales modificaciones destaca la reforma de la Ley que regula los Colegios Profesionales, la mayor realizada desde 1997, y que afecta a un millón de trabajadores.

Esta reforma supondrá la eliminación de las restricciones impuestas por los Colegios al ejercicio conjunto de dos o más profesionales y permitirá a los profesionales asociarse con mayor facilidad.

También eliminará la obligatoriedad de los visados colegiales, que serán voluntarios, excepto cuando lo exija la Ley, y suprimirá las restricciones injustificadas a la publicidad de los servicios profesionales, para que el consumidor esté mejor informado.

La nueva ley de los Colegios Profesionales favorecerá la competencia de precios, ya que elimina la función de estos órganos de fijar baremos orientativos de honorarios.

En el sector del transporte terrestre, los cambios normativos supondrán la eliminación de dos regímenes de autorización (de estaciones y centros de transporte y para el arrendamiento de vehículos sin conductor), introduciendo así un régimen de libre acceso y ejercicio de la actividad.

Asimismo, la nueva "Ley Ómnibus", que inicia ahora su tramitación parlamentaria, implica la creación de un nuevo tipo de autoescuelas dedicadas exclusivamente a la formación teórica.

En el sector energético, la norma sustituirá cuatro regímenes de autorización previa por comunicaciones de inicio de actividad a la autoridad competente y suprimirá determinados registros de operadores que son sustituidos por listas publicadas en Internet.