El Consejo de Ministros aprobó ayer la remisión a las Cortes de un proyecto de ley que regula la concesión de créditos y de préstamos hipotecarios por las empresas que no son entidades financieras así como los servicios de intermediación o reunificación de deudas.
El proyecto de ley, que se debatirá en el Parlamento, fija las obligaciones de transparencia e información de dichas empresas que se traducen en elementos de protección a los consumidores, explicó el ministro de Sanidad y Consumo, Bernat Soria.
Entre dichas obligaciones está la inscripción "imprescindible" de las compañías en un registro público estatal, que se creará para incluir a las entidades no financieras y se nutrirá fundamentalmente de los registros similares autonómicos.
La nueva norma regulará la transparencia en los contratos, en la publicidad que se envíe, en el tipo de interés anual aplicado o en el precio total incluyendo las comisiones y gastos.
Además, fijará la información previa que las entidades no financieras envían al consumidor para que tengan el "contenido mínimo" de los contratos, al menos, 15 días antes de su firma y si existe la obligación de que el cliente contrate un seguro de responsabilidad o un aval bancario.
