El informe de la CNE será decisivo para fijar las tarifas

El PP presentó una interpelación sobre la subida porque "mermará la renta disponible" de las familias

AGENCIAS. MADRID. El Gobierno está estudiando la propuesta de la Comisión Nacional de Energía (CNE) de subir el precio de la luz hasta el 11,3 por ciento y, según la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, la decisión conciliará los intereses de las empresas y los consumidores.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Fernández de la Vega dijo que el Gobierno tomará la decisión de subir la luz "de forma motivada y razonada" y teniendo en cuenta "los intereses de las empresas y de los consumidores y las llamadas tarifas sociales, destinadas a proteger a los consumidores menos favorecidos".
Por otro lado, el grupo parlamentario Popular presentó ayer una interpelación urgente al Gobierno para que explique el aumento de precio que podría experimentar la electricidad y "las medidas concretas en materia de política energética que se van a desarrollar en España en los próximos años" para garantizar el suministro.
El Partido Popular considera que el aumento de la tarifa eléctrica "mermará la renta disponible" de las familias y las empresas españolas y acusa al Gobierno de no haber tomado medidas económicas eficaces en los últimos cuatro años y de "incumplir su compromiso" de realizar un estudio estratégico a largo plazo sobre el sector energético.
La semana pasada la CNE hizo una propuesta que actualiza el coste de la producción de energía y mantiene el resto de costes del sistema eléctrico (transporte, distribución, peajes por uso de redes, entre otros), que sólo se revisan a principios de cada año.
La CNE cree que un "escenario razonable" sería considerar un precio de 66,14 euros por MWh, frente a los 53,67 euros vigentes en las tarifas actuales, lo que supondría un incremento del 11,3 por ciento a partir del mes de julio.
Tras la propuesta de la CNE, el Ministerio de Industria debe elaborar un borrador de orden ministerial que remitirá al propio regulador para que, a su vez, emita un informe tras haberlo consultado con los agentes del sector. El Gobierno tendrá la última palabra sobre la revisión, que debe entrar en vigor el 1 de julio.