La sede de la Federación Balear de Fútbol (FFIB) y la Mutualidad de Futbolistas de Palma fueron registradas en el día de ayer por la Guardia Civil dentro de la operación anticorrupción que lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) en relación con la investigación de la operación Soule. Varios agentes requisaron diversa documentación relacionada con las investigaciones por presunta corrupción abiertas sobre el máximo mandatario del fútbol español, Ángel María Villar.
Los agentes del UCO se personaron en las instalaciones de Son Malferit a las nueve de la mañana para solicitar documentación referente a la Mutualidad y no abandonarían la sede balear hasta última hora de la noche. Las oficinas de la delegación balear de Previsión Social se encontraban cerradas por vacaciones por lo que varios trabajadores y el interventor social de la misma, Manuel López Lacal, tuvieron que personarse en la sede para colaborar con los agentes y proporcionarles los documentos que les requerían.
La Guardia Civil reclamó contratos firmados en varios asuntos con empresas que están siendo investigadascontratos firmados en varios asuntos con empresas que están siendo investigadas, así como también diversas facturas relacionadas con la operación Soule. El interventor de la Mutualidad abandonó la sede tras los registros y se mostró tranquilo al asegurar tener "todos los temas al día".
Los registros en la sede de la FFIB comenzaron sobre las 13 horas, con la llegada de un equipo de la UCO. Casi dos horas después, a las 15, uno de los agentes salió de la Federación, se acercó a su vehículo aparcado y cogió una caja vacía con la que volvió a entrar en la sede balear.
El secretario de la FFIB, Manolo Bosch, y el presidente de la misma, Miquel Bestard, abandonaron las instalaciones y, aunque no quisieron hacer declaraciones, Bestard aseguró estar dispuesto a "colaborar abiertamente con la justicia". Los agentes abandonaron la Balear sobre las 15.30 con una caja llena de documentos y regresaron horas más tarde para seguir con la intervención. Las federaciones de fútbol de Andalucía, Comunidad Valenciana, Las Palmas, Tenerife, Extremadura, Ceuta y Melilla también fueron inspeccionadas.
