El concurso de acreedores de Mediapro ha puesto en vilo a la mayoría de clubes de fútbol de Primera División. Según el diario As, sólo tres clubes de la máxima categoría tienen avalados sus contratos con la operadora catalana –Real Madrid, Getafe y Atlético de Madrid–, mientras que el resto temen no poder pagar las fichas a sus futbolistas y trabajadores en caso de que Mediapro no pueda cumplir con sus contratos.

El vicepresidente y director general del Sevilla, José María Cruz, recordó esta semana que "la incertidumbre sobre el cobro de los ingresos televisivos" afecta "en todos los sentidos", dada la paralización que está conllevando para el mercado de fichajes.

"Estamos donde estamos. Con Mediapro ostentando la explotación de la mayor parte de los clubes de fútbol y en una situación de concurso de acreedores, que ellos transmiten que ha sido una medida defensiva, para conseguir el efecto de paralizar el pago a Sogecable, y paralizar la entrega de los derechos televisivos de los clubes", indicó.

El juzgado de primera instancia número 36 de Madrid condenó a Mediapro en marzo a pagar a Sogecable 104 millones de euros por el inclumplimiento del contrato del fútbol televisado. Pero la semana pasada la productora de Jaume Roures se declaró en concurso voluntario de acrredores, lo que ha llevado la inquietud a los clubes, que temen perder su principal fuente de ingresos.

El mismo juzgado ordenó ceder los derechos de las retransmisiones a AVS, participada en un ochenta por ciento por la empresa del Grupo Prisa Sogecable. Sin embargo, el pasado jueves el mismo juzgado paralizaba su propia resolución.

En caso de que Mediapro no garantizara los pagos se produciría un doble efecto negativo para el Real Mallorca. Por un lado, se encontraría sin su principal fuente de ingresos –quince millones de euros por temporada, a razón de 1,3 millones mensuales–. Por otro lado, el equipo de Llorenç Serra Ferrara se echaría probablemente hacia atrás en la compra de la entidad bermellona y se prolongaría la inestabilidad de la institución bermellona.

Serra Ferrer quiere tener una garantía verbal de Jaume Roures de que podrán disponer sin problemas de esos quince millones de euros. Asimismo, confía en un anticipo de la operadora.