Inicio de trayecto. El Real Mallorca está oficialmente en concurso de acreedores después de que la titular del Juzgado de lo Mercantil Número 2 de Palma, Encarnación García, diera ayer el visto bueno a la solicitud presentada por el club el pasado 18 de mayo. La magistrada propuso el nombramiento de tres administradores concursales que tutelarán a la entidad balear mientras dure la negociación con los acreedores: el abogado Sebastià Frau, el economista José Miguel Cregenzan y el acreedor Delta Sport –cuyo administrador único es Armin Karg–. Ahora tienen cinco días de plazo para aceptar o rechazar el nombramiento, aunque se da por hecho que darán su consentimiento. Por delante les esperan meses muy intensos en los que deberán supervisar la negociación de un convenio con más de doscientos acreedores y una deuda que supera los 65 millones de euros.

Mateu Alemany conservará todo el poder ejecutivo –lo que está en concurso es el club y no su máximo accionista–?pero deberá rendir cuentas a los administradores de todos los gastos ordinarios que haga la entidad. De este modo, tanto el andritxol como el futuro propietario podrán fichar futbolistas, ordenar traspasos o elegir un patrocinador, pero estarán obligados a informar de todas esas operaciones a los administradores, que pueden rechazarlas si consideran que perjudican a la masa de acreedores de la entidad.

El Mallorca iniciará ahora la negociación de un convenio anticipado con sus demandantes en la que el club propondrá una quita –la deuda a condonar– y una espera –el plazo para pagar–. La Ley Concursal establece una quita máxima de un cincuenta por ciento y una espera de cinco años de tope. El club necesita la aprobación de más de la mitad de los acreedores para sacar adelante ese convenio anticipado. En caso contrario, se negociará uno ordinario, lo que alargará los plazos. Si tampoco hubiese acuerdo, se llegaría a la liquidación de la entidad, aunque ese escenario no se contempla.

Lo cierto es que club estará inmerso en el concurso durante varios años. La deuda –sesenta millones– no es exagerada, pero el número de acreedores –más de doscientos–?puede complicar el proceso. En caso de que alguno de los demandantes esté en desacuerdo con la quita y la espera que se acuerden, pueden impugnarlas ante el juzgado. En el peor de los casos, el Mallorca puede encontrarse con decenas de denuncias que habrá que resolver individualmente.

Los administradores tienen capacidad para dejar sin efecto decisiones que consideren que van en perjuicio de la masa de acreedores con efecto retroactivo durante los dos últimos años. De este modo, podrían invalidar el contrato que ata a Pons con el club hasta 2014 o el millón de euros que le regaló Vicenç Grande al director deportivo como gratificación por la venta de Dani Guiza.