El Govern mediará entre la UCI y Douma por la pista del Arena

M. FERNÁNDEZ. PALMA. La Conselleria d´Esports intenta evitar que le salpique la sangre en la guerra que mantienen la Unión Ciclista Internacional (UCI) y el arquitecto Sander Douma, que ha cogido al velódromo del Palma Arena en su fuego cruzado.
El Govern mediará para que se llegue a un acuerdo amistoso entre ambas partes y se subsane lo antes posible las deficiencias que presenta la pista. El objetivo es no tener que ir a un juicio que se podría extender durante varios años, con el añadido de que existe la seria duda sobre qué tribunal –español o extranjero– sería competente.
La UCI no ha homologado la pista y el Govern se ha encontrado con un velódromo en el que no puede organizar competiciones internacionales.
Tras varios intentos, el conseller d´Esports Mateu Cañellas y Joan Llaneras, director deportivo del velódromo, pudieron reunirse con los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz, que ofrecieron sus explicaciones sobre la situación. Presentaron al Govern su contrato con Douma e informaron de que tienen un seguro de obra civil que cubre el velódromo.
La situación, en estos momentos, es la siguiente: el Govern exige a los García Ruiz una pista que esté homologada y éstos a su vez se la exigirán a Sander Douma.
Por su parte, el holandés admite el problema de las astillas y el de seguridad con la mampara de cristal que rodea la pista; asume que debe hacerse cargo de esas deficiencias. Sin embargo, no entiende el problema de estructura que achacó la UCI para no homologar la pista; de hecho, alega que la normativa es ambigua.
Es en ese punto en el que surgen las discrepancias y en el que se intensifica el distanciamiento entre la UCI y Sander Douma. Una ´guerra´ en la que el gran perjudicado es el Govern balear.
En Esports son conscientes de que pueden acudir a los tribunales y presentar demanda contra los García Ruiz. Éstos podrían hacerlo contra Douma. Y éste contra la UCI. Además, hay que tener en cuenta a las aseguradoras contratadas por García Ruiz y Douma, que en teoría deben afrontar los gastos derivados de las reformas para que la pista pueda ser homologada y que seguramente irían a juicio.
Y existe el problema añadido de qué tribunal es competente, ya que el asunto podría acabar en un juicio internacional. Todo un lío que el Govern desea evitar.