La Torre de Cala Pi, construida en 1663 como atalaya de defensa y vigilancia de una costa, la mallorquina, sometida a los ataques piratas, será restaurada durante 2018. Así lo ha aprobado esta semana la Comissió de Patrimoni del Consell, institución que aporta 500.000 euros para la ejecución del Programa per a la restauració de les torres del sistema costaner de defensa, vigilància i alerta de l'illa de Mallorca (2017-2020).
La de Cala Pi será la primera de las cuatro torres de defensa que se recuperarán. A la de Llucmajor le seguirán la Torre Major d'Alcúdia; la Torre d'es Verger - Talaia de ses Ànimes, en Banyalbufar; y la torre de Sa Mola de Andratx.
La redacción de los proyectos técnicos de restauración, el personal técnico y la mano de obra para ejecutar las intervenciones correrán a cargo del Consell mientras que los gastos de materiales y transportes, así como la obtención de licencias y permisos, los asumirán los propietarios.
La última intervención en la Torre de Cala Pi se remonta a 1970, cuando sus propietarios la restauraron a partir del proyecto redactado por el arquitecto Antoni Alomar tres años antes. En los próximos meses se consolidará y acondicionará la atalaya, cilíndrica en su mitad superior y tronco-cónica en la inferior. También se limpiará su cubierta e interior, se rellenarán sus agujeros y se cubrirá la falta de piedras que presenta en determinados espacios de la fachada y el interior con materiales del mismo entorno, y se instalará una puerta metálica en su puerta de acceso.
El objetivo es conservar el monumento y evitar que el agua deteriore su estructura y penetre a través de la cubierta y de algunas deficiencias que se encuentran en sus muros.
El proyecto de restauración y consolidación es fruto de un equipo multidisciplinar de Patrimoni del Consell, integrado por una historiadora del arte, una arqueóloga, una restauradora y tres arquitectos, uno de ellos técnico.
Tras la aprobación por parte de la Comissió de Patrimoni esta semana, el siguiente paso será la firma de un convenio entre el vicepresidente del Consell Francesc Miralles y la propiedad.
