La oposición logró ayer, en la reunión del patronato de la Fundació Palma Espáis d'Art (FPEA), que la concejalía de Cultura paralice temporalmente la creación de la dirección general del Solleric. El objetivo es investigar defectos de forma que se han detectado en el concurso, que se aclare la presunta coacción al jurado y la supuesta intimidación del tribunal a las candidatas.

El pasado miércoles Llorenç Carrió anunció que a lo largo del mes de mayo se crearía el cargo de director general del Solleric. Sin embargo, la oposición ha conseguido parar los planes de la concejalía. Tanto PP como C's han asegurado que son conscientes de que la FPEA lleva dos años sin nadie al frente, pero consideran que antes de nombrar cualquier cargo es necesario resolver las dudas sobre el concurso.

Xavier Bonet, del PP, explicó que en el concurso "hay defectos de forma que se han de aclarar". Dichos defectos se corresponden con el informe en el que el tribunal valora a la candidata no apta. "De ella se dice que carece de experiencia en la Administración, así como en materia de gestión y dirección. Y según las bases del concurso, publicadas en el BOIB, este es un aspecto que el jurado no tiene que valorar en la entrevista. Es más, la experiencia de esta persona ya está puntuada y con buena nota. Por lo que yo he pedido que el tribunal haga un informe ajustado a las bases en el que conste lo que cumple y lo que incumple esta persona", contó Bonet.

Pedro Ribas, de Ciudadanos, comparte la opinión del PP. También ellos han solicitado que el tribunal razone, por escrito, los motivos por los que se declaró no apta a la segunda candidata.

Las bases de la entrevista

En la última fase el tribunal debe valorar tres aspectos. El primero, la capacidad para desarrollar redes de relaciones locales, estatales e internacionales. El segundo, las dotes de liderazgo. Y por último, la capacidad de representar públicamente a la Fundació. "Y por tanto, el informe del jurado tiene un defecto de forma y valoración importante", aseguró Bonet. Cabe destacar que, según Cort, se ha acordado un plazo de siete días para que el tribunal presente el informe requerido por el PP.

Pero a la oposición también le preocupa las informaciones publicadas en prensa. Por una parte, la presunta coacción de la concejalía al jurado y por otra, la supuesta intimidación del tribunal a las candidatas. "Nosotros hemos hecho una pregunta directa, ¿ha habido ingerencia política? Si responden que no, perfecto. Pero si el jurado lo confirma, se trata de un delito. Así que hasta que estas cuestiones no se hayan resuelto, no se puede contratar a nadie ni nombrar ningún cargo", concluyó Bonet.