Barcelona es la sede de una reunión internacional de alto nivel sobre cambio climático con el objetivo de establecer las bases para llegar a un acuerdo de reducción significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta, responsables del calentamiento global.

La cita, en la que participarán unos 4.000 representantes de unos 180 países, será la última antes de la cumbre del mes de diciembre, auspiciada por la ONU, que se hará en Copenhague (Dinamarca), y que debería servir para llegar a un compromiso que sustituya el protocolo de Kyoto.

La Unión Europea (UE) es la región que acude con un mayor nivel de compromiso previo, si bien las posiciones no están del todo fijadas y los principales escollos por salvar se centran a saber como se pagará la factura a los países en vías de desarrollo porque contaminen menos, con el riesgo que esto retarde su crecimiento económico.

Aun así, la UE ya se ha comprometido públicamente a conseguir para el año 2020 la reducción del 20% de sus emisiones de CO2. También ha adquirido el compromiso de que las energías limpias representen en los países comunitarios un 20% del total, y a ahorrar otro 20% en el consumo energético.

El compromiso, conocido como 20-20-20 para el 2020, podría aumentarse en caso de encontrar reciprocidad en otros países hasta reducir un 30% las emisiones. Precisamente, los jefes de Estado y de Gobierno de los veintisiete pactaron esta semana la posición común que la UE defenderá en Copenhague.

Sin embargo, estos principios de acuerdo no han concretado la ayuda financiera que se dará a los países pobres, y se ha limitado a señalar que cada país pagará una "cuota equitativa" de la factura de 100.000 millones de euros que se calcula que costará hasta 2020 la compensación a los países en vías de desarrollo el gasto de compensar las emisiones nocivas.

Los países del este, de más reciente incorporación a la UE, se resisten a contribuir a estas ayudas, por su bajo nivel de renta y el impacto de la crisis económica, y ya han conseguido un acuerdo por no pagar nada entre 2010 y 2012 y, a partir de entonces, contribuir en función de "la capacidad de pago" de los países menos prósperos.

Este acuerdo menoscava la posición de liderazgo de la UE ante el reto que supone renovar el protocolo de Kyoto, si bien hará falta ver qué posición adoptan el resto de países, con especial atención al Gobierno de Barack Obama de los Estados Unidos y a las economías emergentes de China, India y Brasil.

De los 100.000 millones de euros que se calcula que harán falta para compensar a los países en vías de desarrollo, la Comisión Europea había propuesto dedicar entre 2.000 y 15.000 millones, si bien la horquilla es muy amplia, y como las aportaciones habrían de iniciarse el 2010, la UE debería aportar entre 500 y 2.100 millones hasta el 2012.

En este contexto, y con un presidente Obama que todavía no ha confirmado su presencia en Copenhague y que podría comprometerse a una reducción inferior al 20% de las emisiones de la UE, el acuerdo queda todavía "bastante lejos", tal y como ha reconocido el director de Desarrollo Sostenible de la Comisión Europea, Timo Mäkelä esta semana en Barcelona.

Numerosas entidades ecologistas ya han criticado la falta de concreción de la Unión Europea, y no parece que los líderes internacionales vayan a copar todas los deseos de los conservacionistes, en un momento histórico crucial por paliar el deterioro del medio ambiente y frenar un calentamiento global que hasta hoy parece irreversible.