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Eduardo Jordà


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  • 25
    Septiembre
    2012

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    El gran dilema

    Se dice que el estallido actual del independentismo catalán se gestó con el rechazo del Tribunal Constitucional a algunos de los artículos del Estatut de Catalunya de 2006, pero cualquier persona que sepa un mínimo de Derecho sabe que esos artículos eran inconstitucionales y que ningún magistrado honesto podía aprobarlos. Por mucho que se empeñen los nacionalistas más exaltados, en el rechazo del Tribunal Constitucional no había odio ni animadversión hacia los catalanes, ni tampoco una demostración de españolismo rancio y castizo, sino puro y simple ejercicio de legalidad constitucional. Según las leyes vigentes, Cataluña —igual que cualquier otra comunidad autónoma— no podía aspirar a una relación de bilateralidad con el Estado central, por la sencilla razón de que Cataluña y el Estado central no eran dos entes autónomos que podían negociar los términos de sus relaciones bilaterales, sino una misma unidad administrativa. Según la Constitución vigente, el Estado central “era” Cataluña y Cataluña “era” el Estado central, al menos desde hacía cinco siglos, así que una parte no podía negociar con la otra en términos de sujeto autónomo. Y si se quería alterar esta situación administrativa, antes había que cambiar la Constitución por los procedimientos que la propia Constitución tenía asignados: aprobación de la reforma constitucional en las Cortes españolas y después referéndum en todo el territorio nacional.

    Pero eso no se hizo, y ahí está el error más grave de los impulsores del Estatut de 2006. Porque el Estatut se aprobó en el Parlamento catalán, y más tarde fue aprobado en las Cortes españolas y en el Senado —poniendo la voluntad popular por encima de las leyes—, y luego fue sometido a referéndum en Cataluña, pero nadie se preocupó de hacer la reforma constitucional que podría haber permitido encajar el texto completo del Estatut en un nuevo marco legal. O sea, que para que el contenido del Estatut fuera asumible por el Tribunal Constitucional, era imprescindible que antes se hubiera cambiado la Constitución. Y eso —repito— no se hizo.
    Por eso no entiendo que se critique de forma desaforada la decisión del Tribunal Constitucional. Durante el proceso de redacción del Estatut, todos los implicados hicieron trampas —desde el PP al PSOE, y desde los nacionalistas moderados de CiU a los independentistas de ERC—, porque nadie dijo claro qué quería ni qué estaba dispuesto a negociar —y a ceder a cambio de ello—, mientras que todo el mundo intentaba engañar a todo el mundo para salirse con la suya. El resultado fue el que fue, y no es descabellado pensar que una de las causas más claras de nuestro fracaso como nación —y de nuestra crisis económica— sea que todavía no hayamos sido capaces de discutir en términos racionales cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes de una convivencia política en el mismo Estado, o bien una separación pactada que se desarrolle con arreglo a una jurisprudencia aceptada por las dos partes. Y el hecho de que todavía, en pleno siglo XXI, estemos tratando un asunto que debería haberse solventado hace al menos un siglo demuestra hasta qué punto somos una sociedad fallida.

    Tengo la impresión de que nunca hemos sabido tratar el fenómeno del nacionalismo con una mentalidad adulta, tanto por parte de los propios nacionalistas como por parte de los que se oponen al nacionalismo periférico en nombre de los sagrados derechos de la nación española. Ante todo, no sé si tenemos muy claro que el nacionalismo es la expresión política de un complejo fenómeno psíquico que hunde sus raíces en el subconsciente y en los aspectos menos racionales de la conducta humana, de modo que requiere un tratamiento muy delicado y muy sutil. Porque el nacionalismo surge de lo mejor y de lo peor del ser humano: por un lado, tiene su origen en el noble sentimiento de pertenencia a una comunidad y a una cultura, pero al mismo tiempo surge de esa zona del inconsciente que los neurólogos llaman sistema límbico, donde operan los instintos y las reacciones más primarias: cosas como el miedo, por ejemplo, o la agresividad o el instinto de supervivencia. Y desde luego que éste no es el mejor momento para tratar estos temas, ya que con la crisis económica y la bancarrota del Estado y de las comunidades autónomas, el victimismo de unos generará el victimismo especular de otros, y dentro de nada veremos a andaluces peleando contra catalanes y a gallegos contra extremeños. El problema es que no hemos sabido hacer las cosas de otro modo, así que tendremos que aprender a hablar de ello en el peor momento de todos.

     

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