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Eduardo Jordà


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  • 23
    Octubre
    2012

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    El corderito

    En España tenemos una tendencia nefasta a no contabilizar los factores individuales en los vaivenes
    de la economía. Y por eso mismo casi nadie tiene en cuenta la inercia, el burocratismo,
    la mala gestión o la simple irresponsabilidad chapucera

    Durante un tiempo, hace años, trabajé en un instituto público en un pueblo de la Serra de Tramuntana. Cada año nos quedaba un remanente del presupuesto del centro —unos 300 euros de entonces—, y se había instituido la costumbre de que nos comiéramos un cordero en un restaurante con aquel dinero. “Es xotet”, el corderito, lo llamábamos. Una vez pregunté por qué no devolvíamos ese dinero a la Delegación de Educación, y me dijeron que ni se me ocurriera, porque ese dinero ya estaba presupuestado como “gasto corriente” y crearía una especie de cataclismo burocrático si lo devolvíamos. ¿Cómo era posible aquello? Nadie lo sabía.
    Un día hice un cálculo: si en todos los institutos de Mallorca sobraba cada año más o menos esa cantidad (unos 300 euros), los presupuestos públicos podrían haber recuperado del orden de 15.000 euros anuales. Puede parecer poco dinero, pero esa cantidad habría bastado para comprar equipaciones deportivas para muchos equipos escolares o para hacer reformas urgentes en algunos centros públicos. Sin embargo, ese dinero acababa gastándose en una espléndida comida en un bonito restaurante de las montañas: “es xotet”, el corderito.

    ¿Por qué no se pudo aprovechar aquel dinero? Ya lo he dicho: porque la Administración no tenía previsto un mecanismo burocrático que permitiera recuperar el dinero sobrante de un modesto instituto de secundaria, así de simple. No sé si estas fugas presupuestarias se habrán corregido en estos años, pero mi intuición —y el penoso estado actual de las cuentas públicas— me dice que no. Y lo malo del caso es que este mismo ejemplo ha debido de ocurrir, y a una escala mucho mayor, en miles de ejecuciones de presupuestos públicos de otros departamentos con presupuestos mucho más elevados: en obras públicas, por ejemplo, o en subvenciones agrarias, o en contrataciones de servicios, qué sé yo. Y que conste que no había nada ilegal en aquel “corderito”, pero era un pésimo modelo de gestión de los fondos públicos, sobre todo cuando han ido pasando los años y ahora nos encontramos con unos organismos públicos que ni siquiera parecen capaces de hacer frente a los gastos más elementales.
    Una de las cosas más asombrosas que nos han ocurrido es que nadie haya reparado hasta ahora en esa continua pérdida de fondos públicos que suponían los “corderitos”. Tenemos cientos de economistas que nos explican cómo terminar con el capitalismo, con el paro, con el déficit o con el hambre en el mundo —cosas que, si lo pensamos bien, son tan difíciles como enviar un hombre a Marte—, y tenemos miles de profesores y estudiantes que claman —y hacen bien— por la enseñanza pública y gratuita, pero nadie nos ha explicado aún cómo podríamos reformar una Administración que no sabe gestionar de un modo eficiente la enseñanza pública y gratuita. Y eso que tenemos cientos de interventores y cientos de expertos, y no sólo eso, sino docenas y docenas de gabinetes y observatorios y órganos de asesoramiento.

    En España tenemos una tendencia nefasta a no contabilizar los factores individuales en los vaivenes de la economía. Y por eso mismo casi nadie tiene en cuenta la inercia, el burocratismo, la mala gestión o la simple irresponsabilidad chapucera. En general, nos gusta atribuir los problemas a una especie de enemigo externo que actúa como una maldición fatídica que se abate sobre nosotros: en el caso de la izquierda, toda la culpa la tiene el “capitalismo neoliberal” o “la dictadura de los mercados”, y en el caso de lo que podríamos llamar la derecha, todo se debe al “control del déficit” o a la “exigencia de austeridad”. Pero muy pocos economistas se ocupan de los fraudes, por ejemplo, o del pésimo uso de los fondos públicos, o del funcionamiento negligente de la Administración, o de la tendencia suicida por parte de la clase política a no exigirle a la ciudadanía un uso responsable de los servicios públicos que son de todos. Que yo sepa, en los centros de enseñanza todavía no hay un cuerpo profesional de técnicos del Estado que lleven el control de las cuentas (un poco como los proviseurs de lycée en Francia), porque esa tarea recae en un profesor al que le toca ser el secretario del centro. Ya sé que esos secretarios son personas honestas y que hacen un gran trabajo, pero ¿no sería mucho más lógico que la propia Administración se ocupara de ello? Pregunto, sólo pregunto.

     

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