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Daniel Capó


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  • 17
    Octubre
    2012

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    La queja

    La queja constituye uno de los principios activos de nuestra democracia. Por supuesto, se pueden encontrar razones para ello: los trabajadores se lamentan de los salarios bajos, de la precariedad laboral, de la falta de perspectivas, de unos horarios poco acordes con la vida familiar, de los elevados impuestos o de las situaciones de mobbing. Y, en efecto, nuestros sueldos no son ni mucho menos la causa última de los males que afectan a la economía, ni la jornada laboral casa con la racionalidad ni la presión fiscal ayuda a fortalecer las clases medias. Los que están en el paro cuentan con motivos aún más importantes para protestar; no en vano, la crisis estructural se ceba de un modo especial en los que no tienen trabajo, que además sufren el rápido deterioro del Estados del Bienestar. Los jóvenes se indignan con razón por la falta de futuro, mientras que los jubilados quieren ver revalorizadas sus pensiones y suprimido el copago sanitario; los asalariados, en cambio, temen no llegar a cobrar nunca una pensión digna. Los inmigrantes ilegales quieren sanidad gratuita; los padres, unos colegios competitivos; los republicanos, el final de la monarquía. Cataluña protesta por la balanza fiscal, entre el recuerdo simbólico de 1714, la amenaza de la independencia y unas elecciones clave a la vuelta de la esquina. La delegada del Gobierno en Madrid aseguraba hace unos días que, en la capital del Reino, se han convocado este año no sé cuántos miles de manifestaciones. Como decía antes, a menudo la queja está justificada: el norte y el sur de Europa divergen cada vez más en lo económico, lo social y lo educativo; al tiempo que, esta semana, hemos sabido que España es el país con mayores desigualdades de la eurozona. A largo plazo, no implica ningún consuelo la magnitud de la economía sumergida, aunque en muchos casos alivie las tensiones del presente.

    El problema de la protesta, cuando se convierte en una tradición cultural, es que pasa por alto lo mucho que hemos ganado por el camino. Es cierto que muchísimas familias españolas viven en una situación dramática y que los salarios son bajos y que el conjunto de nuestras instituciones han perdido credibilidad a una rapidez vertiginosa. Es verdad que los jóvenes —y los no tan jóvenes— tienen motivos sobrados para reprochar el legado que les dejan los baby boomers o que estamos preocupados por la creciente invertebración social de nuestro país. Pero ningún relato es completamente lineal, esto es: carente de problemas, altibajos, luchas o dificultades. Desde la reinstauración de la democracia, la historia de España ha sido la de una sociedad exitosa y equilibrada, generosa en sus políticas y de una aceptable modernidad. Por descontado, hay que tener en cuenta de dónde veníamos, que no es sólo del franquismo, sino de un secular aislamiento y de una larga sucesión de guerras civiles, cuya herencia de siglos no se resuelve en el lapso de unas pocas décadas. Las tensiones internas y territoriales, los indudables vicios de la clase política, la economía subvencionada del BOE, la enorme teatralización de la vida pública... todo eso forma parte de una crisis de modernidad que España tiene que solucionar. Y, como es natural, la queja constituye una de las herramientas que invitan a discurrir sobre estas cuestiones pendientes. Pero, a la vez, no podemos olvidar que la utopía es el criterio último de la antipolítica o que el enfrentamiento y el rencor disuelven los vínculos necesarios para que toda sociedad subsista y se desarrolle. Dicho de otro modo, la protesta no puede ser una excusa para el pesimismo o la quiebra de los modelos de convivencia. Al contrario, en circunstancias así no hay que darle la espalda a la responsabilidad de la Historia. En los momentos de crisis es cuando se demuestra, precisamente, la madurez de las naciones.
     

     

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