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Daniel Capó


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  • 18
    Julio
    2012

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    El precio del chantaje

    Lo que resulta previsible suele terminar sucediendo. Era previsible, por ejemplo, que José Ramón Bauzá cediese ante la amenaza de huelga de los médicos, a pesar de una sentencia judicial firme que ponía coto a sus pretensiones y de que los servicios de intervención del Govern se negaran a firmar los pagos. Sin dejar de lado la histeria asamblearia del sector, el riesgo de una huelga que convertía en rehenes a los enfermos descompuso rápidamente el gesto altanero del president. La respuesta oficial es conocida por todos: una ley express promulgada ad hoc, el breve adiós a la consellera ausente y la designación de un nuevo hombre fuerte que se mueve con facilidad en el travestismo político y al que se le suponen habilidades diplomáticas. Ya se verá si es así —o no—, aunque mucho me temo que, con la actual asfixia económica, hasta las intenciones contrarreformistas del nuevo conseller queden en nada. Lo que me interesa del caso —en realidad, no entro a valorar el fondo del asunto— es la rapidez con que degenera la confianza cuando una sociedad se atomiza e implosiona; esto es, cuando empezamos a demonizar frívolamente al adversario, cuando la demagogia se percibe como una herramienta más del maniqueísmo o cuando empleamos la correlación de fuerzas de forma innoble. Me interesa, quiero decir, como síntoma de la degradación de un país, donde impera ya, de algún modo, la ley del más fuerte, el sálvese quien pueda.

    Hablaba de correlación de fuerzas, porque de eso trata lo previsible. No hace mucho, las farmacias, un colectivo que ha gozado históricamente de un pseudomonopolio, amenazaron con dejar de despachar los medicamentos expedidos con receta si antes el paciente no abonaba el cien por cien de su precio. Otro secuestro en toda regla que terminó con el resultado esperado, antes de que estallara la bomba de relojería. ¿Tenían razón los farmacéuticos? No me cabe duda, vista la morosidad recurrente de las administraciones públicas y la dificultad en el acceso al crédito. Sin embargo, no todos los métodos de presión son igualmente legítimos. ¿Se debe jugar al sadismo con los indefensos? Es más, ¿quién protege a los ciudadanos de la retórica indiscriminada del miedo? ¿No nos estaremos acostumbrando demasiado? ¿Y cuáles van a ser las consecuencias?

    Sin confianza mutua, el capital social que cohesiona un país se disipa una velocidad de vértigo. Los ejemplos han sido recurrentes a lo largo de la historia. En la reciprocidad de las cargas se ajusta una idea del bien común que posibilita la prosperidad y el bienestar. En este sentido cabe hablar del tejido moral de una nación que contrasta con la inseguridad anémica de las sociedades atomizadas, donde la mentira y el abuso de la posición de poder son la norma. De ahí la importancia crucial de contar con unas instituciones fiables, abiertas e incluyentes, que ayuden a extender el horizonte de oportunidades y que lo hagan además con equidad. Frente a este principio de sentido común se levanta toda la tradición de nuestro país: un cableado de privilegios estamentales y gremiales que manejan con soltura cínica su anacronismo histórico. El pasado miércoles, se oyó en el Congreso una especie de grito rabioso, cuya vulgaridad parecía propia de las gradas de un estadio de fútbol: “¡Que se jodan!”, exclamó la diputada Fabra. Que se joda, ¿quién? ¿La bancada socialista? ¿Los parados? ¿Los funcionarios que ven recortado su sueldo? ¿Los jóvenes? ¿La clase media harta de la subida indiscriminada de impuestos? Me puedo imaginar la respuesta: que se jodan los demás, los otros, los que no pertenecen a mi casta. Tuve la sensación de retroceder en el tiempo. O mejor dicho: de no haberme movido nunca del pasado. Y mientras tanto, un país que se desmoraliza y se siente engañado. Un país que empieza a perder la confianza.

     

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