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Daniel Capó


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  • 21
    Marzo
    2012

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    A por el funcionario

    A menudo pienso que lo mejor que uno puede hacer en la vida es dejarse llevar por el instinto del rebaño: te mimetizas con el ambiente y, opines lo que opines –sea A o B–, pasas a estar en posesión de la verdad. No nos engañemos: creer que se tiene la razón gusta y te concede ese punto de superioridad moral justa para poder sentar cátedra. Es como una D. O. o el sello de un club de calidad, que incluye además la aclamación de la muchedumbre.
    Estas últimas semanas, unos cuantos gobiernos autonómicos se han apuntado a la moda de arremeter contra el funcionario. El aplauso general ha sido de los que marcan época. Nada nuevo bajo el sol, porque las sociedades –en su aspecto gregario– siempre han necesitado un pelele al que atizar, un chivo expiatorio con el que desahogarse. Hasta hace unos años, el que optaba a una plaza de Estado era un bobo carente de la ambición necesaria. Un tío poco espabilado, vamos, que no se había enterado de la misa la mitad. La cultura de la burbuja se encontraba entonces en su apogeo –como si no recordáramos las consecuencias del crash de las puntocom–, ladrillo en vena, con los banqueros alimentando las subprime, los coches de lujo y el desayuno con diamantes. El robo de guante blanco había adquirido un estatus de honorabilidad y sólo los lentos de entendederas no se aprovechaban del chollo inmobiliario y de la especulación financiera. La casta política –nacional, autonómica y local– sonreía, a la vez que se dedicaba a sus felonías habituales. Fue precisamente en esa cultura del pelotazo cuando se cometieron los desmanes de la época Matas/Munar que ahora estamos juzgando. Entretanto, algunos listos ganaron mucho dinero, otros creyeron ganarlo y el funcionario, en general, siguió como estaba, perdiendo poder adquisitivo un año tras otro, mientras se asistía al vals de la locura.

    Les decía que no hay nada nuevo bajo el sol y no va a ser diferente ahora. Como clase profesional, compuesta de médicos, jueces, administrativos, maestros, bibliotecarios o celadores, la culpa del funcionario en el estallido de la actual crisis económica es más bien poca. Aunque costosa, la sanidad española es de una calidad indudable. Los polideportivos y las bibliotecas públicas optimizan cualquier céntimo invertido en ellos. Los índices de delincuencia son inferiores a la media europea. Y, a pesar del evidente fracaso del modelo educativo actual, no creo que toda la responsabilidad sea achacable a los profesores. Quiero decir que no han sido los funcionarios los que han pergeñado la LOGSE, ni los que han atomizado la sanidad –elevando estructuralmente sus costes–, ni los que han creado redes clientelares de votos con el dinero del erario público. Mejor o peor, el funcionario hace su trabajo, paga sus impuestos y actúa a menudo como el único contrafuerte ante los caprichos del político de turno. A los que acusan de improductividad a los empleados públicos –frente a las bondades de la empresa privada–, les recomendaría la lectura del libro Los muertos vivientes: la escandalosa verdad sobre la vida en oficina, de David Bolchover, donde se aportan datos tan curiosos como que el 70% del consumo online de pornografía se da entre las 9: 00 y las 17: 00 h., horario de oficina (pública y privada). Diríamos que en todas partes cuecen habas.

    Sin embargo, los funcionarios son ahora responsables de casi cualquier calamidad. Para empezar son egoístas, perezosos, gremiales, prepotentes, insolidarios, improductivos, enchufados, etcétera. Mientras tanto, el poder representado por la política y la banca continúa dictando lecciones de moral. ¿Con qué credibilidad? Lo desconozco, aunque supongo que la demagogia juega aquí su papel. Castilla-La Mancha, Madrid, Cataluña, Valencia y Balears –no sé si por ese orden– ya están tomando medidas para poner coto al despilfarro ocasionado por la ineficacia del funcionario. Lo triste es que se obvia una realidad primordial, a saber: que a lo largo de la historia moderna de Europa, la burguesía conforma junto con la Función Pública el centro de la nervadura que sostiene la clase media. La independencia y la calidad de las instituciones es inseparable del desarrollo industrial y de las retóricas de modernidad. La fuerza estabilizadora del Estado del Bienestar depende también de la calidad y la extensión del funcionariado. igual que necesitamos un sector privado más dinámico y emprendedor, sin duda sería positivo reformar parte de la Administración. Pero el debilitamiento de la Función Pública, con sueldos a la baja y precariedad en sus derechos, no aporta ninguna solución. Simplemente invita a irse a los mejores y consolida aún más el poder omnímodo de los políticos. Y me temo que eso es así, por más que apremien los reclamos de la horda.

     

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