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Daniel Capó


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  • 22
    Enero
    2014

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    A pagar más

    En apenas dos años el ministerio de Hacienda ha subido la mayoría de impuestos, dejando inermes los bolsillos de los trabajadores. Si los incentivos correctos generan prosperidad, los erróneos destruyen la confianza en el futuro de un país

    Mientras Cristóbal Montoro prosigue su cruzada fiscal contra los asalariados, Luis de Guindos anuncia el final de la recesión. El PIB del último trimestre crece un heroico 0,3%, la inflación se mantiene contenida en tasas cercanas a la estabilidad y el repunte del consumo privado ha permitido una campaña de Navidad relativamente positiva para la creación de empleo. A nivel macro, quizás el indicador más importante sea la prima de riesgo española que, desde las palabras del mago Draghi, ha pasado de cotizar en 600 puntos básicos a rondar los 200 pb, permitiendo mejorar el coste de la financiación y la subida en vertical de los valores bursátiles. Es probable que el ajuste inmobiliario no haya terminado, pero en algunas comunidades autónomas las ventas empiezan a aumentar y los precios se estabilizan. La canciller Merkel nos empujó al límite del abismo al forzar la puesta al día de las estructuras económicas del país: flexibilización del mercado laboral, reforma del Pacto de Toledo y  profundo saneamiento de la banca española, expulsando  a las cajas malas del sistema. Las consecuencias inmediatas han sido un empobrecimiento general de los ciudadanos y, a la vez, fuertes ganancias productivas para las empresas que han sobrevivido al tsunami de la crisis. Bill Gates y George Soros deciden apostar por las constructoras nacionales y la gran banca de inversión sitúa de nuevo el foco sobre nuestro país. Con los sueldos en hibernación y la productividad al alza, cabe suponer que España vuelva a ser atractiva. Es cuestión de tiempo que el crecimiento económico se traduzca en calidad de vida, puestos de trabajo y oportunidades; aunque la propia evolución del  mundo globalizado nos invite a pensar en un futuro dividido entre vencedores y perdedores. Así como Alemania ha optado por insertarse plenamente en la dinámica competitiva del siglo XXI —frente a la incapacidad de las elites francesas por ahuyentar sus tics decimonónicos—, a la sociedad española le corresponde decidir qué quiere ser: si un rebrote improductivo del paternalismo político —con su secuela de amiguismo— o una nación adulta que hace de la internacionalización, la meritocracia y la seguridad jurídica su razón de existir. Con los incentivos adecuados, las reformas dan frutos inmediatos.

    Hablar de los incentivos supone volver al ministro de Hacienda. En apenas dos años, Cristóbal Montoro ha renegado de la mayoría de sus convicciones. Prometió bajar los impuestos y los ha subido. Prometió equilibrar los presupuestos y el déficit sigue disparado. Prometió controlar la deuda pública y España se acerca a la peligrosa frontera del 100% de endeudamiento. Especialmente sangrante resulta la altísima presión tributaria sobre los asalariados. Mientras las grandes rentas logran reducir su contribución y la opacidad del dinero negro transita por las cajas en B, el tajo fiscal a las nóminas sostiene un disparatado gasto público. La última novedad por decreto se ha centrado en la captura de los bonos-restaurante, las ayudas por guardería o el pequeño plus que ingresa un trabajador con los desplazamientos. A los autónomos se les quiere obligar a cotizar por desempleo. Y, a pesar de lo prometido, en 2014 no bajará el IRPF. A mitad de legislatura, todos los impuestos se han incrementado: los que afectan al ahorro y al trabajo, el IVA y el IBI, la gasolina, el tabaco y el alcohol, las tasas aeroportuarias, la energía, los medicamentos, los colegios y las universidades... Hay que recalcar que sin efectos notables en la recaudación, pero sí en los bolsillos de los contribuyentes. Si los incentivos correctos generan prosperidad, los incorrectos destruyen la confianza social en los políticos.

    Que España padece un problema histórico con los ingresos es cosa sabida. Que se pueda solucionar a salto de mata y a golpe de decreto es otra muy distinta. Mientras unos pocos paguen por muchos, el despegue de la economía española será endeble e injusto. No es cuestión de recaudar menos sino de hacerlo de acuerdo a unos parámetros modernos, transparentes y equitativos. Y en esta labor, el trabajo del equipo de Montoro dista de merecer un cum laude. Domeñar con urgencia el déficit fiscal permitiría liberar varios miles de millones de euros para la inversión y el consumo. Reducir los impuestos a los asalariados facilitaría la necesaria recuperación del optimismo. Ahorro y bajos impuestos no son contradictorios. Más bien marcan la senda de la economía actual. 

     

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