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Daniel Capó


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  • 06
    Marzo
    2013

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    75

    En Suecia se empieza a barajar la posibilidad de retrasar la jubilación a los setenta y cinco años, lo cual pone de manifiesto las limitaciones del estado del bienestar. Más allá de las miopías ideológicas, la realidad demográfica es ineludible

    Setenta y cinco es la nueva cifra mágica que el primer ministro de Suecia, el moderado Fredrik Reinfeldt, ha puesto sobre el tapete para negociar el futuro de las pensiones públicas. Socialdemocracia sin fisuras, el ejemplo nórdico supone una prueba fehaciente del protagonismo de las “Economías de la innovación” en el contexto globalizado de nuestra época. La clave no es tanto el nivel impositivo –altísimo en el caso sueco frente a la liposucción fiscal de los países anglosajones– sino la calidad del capital humano, la coherencia de las políticas públicas, la libertad de competencia en condiciones de igualdad, los equilibrios macroeconómicos –Suecia fue uno de los primeras naciones europeas en instaurar el concepto de déficit cero estructural– y, en definitiva, la eficiencia de la sociedad. En su origen la socialdemocracia europea dista mucho del ridículo derroche buenista que pronto se instauraría en la frontera sur del continente, basado en las bondades del desajuste. Así como sucede con el mejor liberalismo, el tamiz centrista impone el concepto de responsabilidad: los derechos y los deberes van de la mano, la libertad se adecúa al orden, determinados anclajes –cierto respeto a la idea de equidad social, de confianza en el papel de las instituciones– vinculan al conjunto de la población. La consecuencia es el mejor legado de Europa, en lo que tiene de proyecto para el nuevo milenio: una ciudadanía educada y políglota, una tradición industrial de vanguardia, un notable Estado del Bienestar, una visión de largo plazo ante las presiones de la coyuntura, cuentas saneadas y ejemplaridad democrática. No deja de resultar paradójica –al menos desde el prisma de la utopía neoliberal– la enorme capacidad de adaptación de economías aparentemente tan burocratizadas como la de los países nórdicos frente a las dificultades de otros modelos menos equitativos. Por supuesto que no existe una única fórmula de éxito ni la historia se escribe al dictado de una sola ideología.

    Pero volvamos a la propuesta de Reinfeldt. En la década de los noventa, Suecia fue de los primeros lugares que planteó con rigor la exigencia de reformar las pensiones públicas para garantizar su continuidad. Se introdujeron medidas en las que se conjugaban la transparencia, la demografía, la esperanza de vida, el crecimiento económico y la productividad. Se ha hablado de un mix público/privado, pero en realidad se trata de introducir criterios de flexibilidad que permitan ir realizando ajustes suaves conforme sean necesarios. Veinte años después, el modelo ha sido muy elogiado, tanto por su previsión –el futuro se gana en el presente– como por la equidad que garantiza; pero ahora –de hacer caso al primer ministro– parece que ya no es suficiente. Al menos a modo de hipótesis, Reinfeldt ha introducido una nueva edad de corte –setenta y cinco–, y no precisamente bajo la presión de los jinetes del neoliberalismo. Sin duda, la realidad sueca nos habla también de la española, aunque en nuestro caso todas las variantes sean peores: la demográfica, la productiva, la alarmante tasa de desempleo, el endeudamiento…

    Ni la inmigración ni el crecimiento económico se antojan suficientes para solucionar en España el problema de fondo de las pensiones. Sencillamente, determinadas inercias resultan difíciles de romper, en especial el crash demográfico que nos condena al envejecimiento masivo. De los sesenta y siete a los setenta y cinco –o a los setenta, como fase intermedia–, el porvenir de las políticas sociales pasa por una mayor responsabilidad, ajustes preventivos y un incremento del ahorro privado. Más pronto o más tarde, el narcisismo populista conduce al deterioro, ya que no se puede gobernar el presente sin calibrar sus consecuencias en el futuro. Es lo que nos ha sucedido a nosotros y, en buena medida, a Occidente. Y me temo que el aviso sueco se extenderá –primero como debate y en unas décadas como realidad legal– a todo el continente.  

     

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