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Pilar Garcés


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  • 15
    Octubre
    2014

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    Los alcaldes no son responsables

    Aunque parezca increíble, el alcalde de Bunyola no ha dimitido mientras se investiga cómo y quién manipuló la farola que electrocutó al joven palmesano David Grimaldos. Sus compañeros munícipes le apoyan porque afirman que no puede hablarse de negligencia. De cinismo vamos bien servidos.

    En pocas semanas han muerto dos ciudadanos de Madrid por el impacto de ramas de árbol. Un hombre de 72 años paseaba por la calle cuando le cayó encima. El otro, un militar de 38 condecorado por su participación en distintas misiones de paz, jugaba con sus hijos en el parque del Retiro cuando un tronco se desplomó sobre su cuerpo. La alcaldesa de la capital, Ana Botella, y su edil de jardines se aprestaron a calificar los hechos de accidentales, inevitables cuan fenómenos meteorológicos adversos. Nada que ver con los dineros que se detraen de los programas de poda y conservación de la masa forestal urbana. Hace dos domingos, un chico de 18 años, David Grimaldos, se apoyó en una farola mientras participaba en la verbena de los Quintos de Bunyola y recibió una descarga eléctrica que le mató. El artefacto pudo ser manipulado para dar luz a una feria, aún se investiga. El ayuntamiento aseguró que si se hubiese sospechado del peligro se hubiese actuado de inmediato. Aunque parezca increíble, el alcalde, imputado, no ha dimitido por un suceso lamentable que deja su gestión a la altura del barro. Sus compañeros de la Federación de Entidades Locales de Baleares (FELIB) le han respaldado con un argumento que destila puro corporativismo sinvergüenza: se trata de "unos hechos que nada tienen que ver con ningún tipo de negligencia". ¿Ah no? ¿Y con qué tienen que ver? ¿Se puede considerar entonces que ha habido esmero, atención y diligencia en el mantenimiento del alumbrado público del pueblo? Yo diría que no. Una cosa es un rayo que te cae del cielo y otra muy distinta que te fulmine un elemento del mobiliario urbano que funciona de forma defectuosa porque quien se debería ocupar de revisarlo no se ha ocupado.

    Cuando cubría la información del ayuntamiento de Palma siempre me sorprendía lo mucho que tardaban en recibir sus indemnizaciones los ciudadanos damnificados por el mal estado de algún elemento o servicio público. Recuerdo una señora que después de una montaña de recursos logró que se le reconociese el perjuicio ocasionado por un accidente en la calle: meses de hospitalización, baja laboral y rehabilitación tras caer en una alcantarilla con la tapa rota. Invirtió tanto tiempo, dinero y energía que costaba creer que mereciese la pena. Le pregunté al concejal por qué la ciudad gastaba tanto dinero en pleitear contra una contribuyente que tenía toda la razón, en lugar de destinarlo a localizar y reparar desperfectos. Me dijo que simplemente el consistorio se arruinaría si no consigue que los denunciantes se aburran y desistan de exigir responsabilidades. Una lógica aplastante. Todo la maquinaria de la administración defendiendo al alcalde, responsable en última instancia, de quienes sufren las consecuencias de una gestión poco cuidadosa.

    La crisis ha traído más ramas que se caen, farolas que electrocutan, aceras que se levantan y tiran a los viandantes al suelo y demás amenazas. Por ahí también iban los recortes, además de en educación, sanidad y atención social. No sé si el presupuesto de los servicios jurídicos de los consistorios ha mermado en concordancia, aunque imagino que no. Los alcaldes siguen disponiendo de nuestros dineros para defenderse de nuestras reclamaciones, por muy justas que sean, y que encima tenemos que pagar más caras gracias a la reforma Gallardón. Los alcaldes no pueden estar a todo, pobres. Solo a lo bueno, que lo malo siempre será atribuible a la mala suerte.

     

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