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Pilar Garcés


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  • 23
    Octubre
    2013

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    Agentes cívicos, no gracias

    Tal vez envidioso de la policía religiosa iraní, el alcalde de Palma propone crear un cuerpo de chivatos que se encarguen de denunciar los incumplimientos de la futura ordenanza de la convivencia. Una especie de guardias urbanos, pero sin formación, ni autoridad y se supone que sin sueldo

    El PP del Consolat de Mar persigue a un maestro por dar clase con una camiseta que lleve un lema, prohíbe que haya más de una camiseta verde por planta en su la conselleria de Educación, (una clara reminiscencia del mítico “disuélvanse en grupos de menos de uno”), y tuerce el morro si un diputado de la oposición viste una prenda con mensaje. Por lo mismo, si una feminista de Femen se quita la camiseta para enseñar las tetas en el Congreso de los Diputados es calificada de “repugnante” por la bancada popular y si un turista va descamisado mientras pasea por delante de la Catedral de Palma podrá ser multado por el doble de lo que le ha costado su ‘todo incluido’, según la nueva ordenanza de convivencia que prepara el alcalde Mateu Isern. Portar o no portar camiseta, ese es nuestro gran dilema actual. Un extraterrestre que aterrizase mañana en es Born pensaría que el de las camisetas es un asunto central par la vida de los palmesanos, un quebradero de cabeza que ha ocupado al legislativo y al ejecutivo balear, y ahora entretiene al ayuntamiento en pleno. ¿Tráfico desquiciante, ruido atronador, mirós de la ciudadanía que desaparecen misteriosamente, policías locales investigados por amañar oposiciones, impuestos disparatados, suciedad en las aceras, asfalto en descomposición? Bagatelas. Los torsos descubiertos son la nueva amenaza fantasma.

    Camisetas aparte, la normativa que está a punto de aprobar Isern se ceba con los más desgraciados: quienes se buscan la vida en la vía pública o pasan mucho tiempo en ella, que adquieren la categoría de delincuentes. No resulta demasiado original en la filosofía represora que tanto les gusta a algunos, todo está inventado desde Manuel Fraga y su “la calle es mía”, pero introduce y legitima una figura que da bastante aprensión: la del alcahuete profesional nombrado por el alcalde para denunciar a sus vecinos. Se le llama “agente cívico”, y puede ser cualquiera, con sus filias y sus fobias. No se recoge que haya de acreditar ningún tipo de formación en leyes. Basta que tenga los ojos abiertos y ganas de chivarse de que ha visto a Fulanita bajar la basura a deshora, o que hay un tipo pintado caricaturas en el parque. Me pregunto si a estos controladores de sus prójimos les hará más caso la administración que a los ciudadanos en general cuando emiten unas quejas que la burocracia tiende a pasarse por el arco del triunfo. ¿Cuántas denuncias por infracciones urbanísticas acumula Cort sin hacer nada de nada? ¿Y de ruido? ¿Y de limpieza? No necesitamos cotillas callejeros, sino inspectores que levanten acta según manda la ley y unos servicios que funcionen.   

    Pero claro, un chalet brotado en una parcela rústica, o un restaurante que se amplía por la cara, un negocio que emite olores y ensucia, o un autobús que pasa lleno y no se para nunca quedarán tan feos como un  negro vendiendo bolsos en la plaza Mayor, un sin techo durmiendo en un banco de s’Hort del Rei, o un lazo con la cuatribarrada en la fachada de un edificio público. Ahí vamos. Tenemos ordenanzas que dictan que no se puede aparcar en doble fila, dejar excrementos en las aceras, ensuciar los parques infantiles o invadir los espacios públicos y no se hacen cumplir. Disponemos de una Policía Local con la imagen por los suelos que ya no sabemos a qué se dedica. Sólo nos faltaban patrullas ciudadanas aplicando moralina conservadora para que todo siga igual, pero un poco peor.

     

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