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Sobre este blog de Sociedad

Médico, escritor y columnista en el Diario de Mallorca desde hace 15 años. Entre la oncología y las palabras día tras día, aunque consciente de que, hombre de muchos oficios… Si les apetece más información, la encontrarán en: ...


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  • 01
    Junio
    2013

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    Proteger la salud: ¿Hasta dónde?

    Que cualquier Gobierno tiene la obligación de velar, leyes mediante, por la salud de los ciudadanos, no admite discusión (incluso ciudadanos “sin papeles”, lo cual me está pidiendo de un capítulo aparte). Incorporar yodo a la sal cuando se precise, cloro al agua o establecer un calendario de vacunación, son medidas incuestionables. En otros casos serán aconsejables campañas informativas (beneficios del ejercicio o una dieta saludable, uso del preservativo para evitar contagios sexuales…) e incluso la penalización, máxime si de determinados comportamientos pudieran derivarse daños a terceros. A modo de ejemplos, la prohibición de conducir bajo los efectos del alcohol o los límites de velocidad permitidos.


    Sin embargo, a veces, y por razones complejas, la legislación para conseguir un mayor bienestar psicofísico puede entrar en colisión con la libertad individual, y poner de manifiesto un trasfondo de manipulación cuando no subordinación a oscuros intereses. Se aducirán entonces argumentos que un somero análisis convierte en insostenibles. Me refiero en concreto a la reciente prohibición, por parte de 29 estados de Norteamérica (otros 21 no se han sumado a la idea), de contratar como empleados a fumadores, en línea con la OMS (2008) y que allí siguen desde hace unos años, entre otras, la compañía ferroviaria Unión Pacific o la de aviación Alaska Airlines.

    Bien está que se disuada del hábito (no totalmente voluntario dado su importante componente adictivo), se arbitren los oportunos refuerzos —apostaría por su financiación pública, ya que la sola voluntad, sin apoyo psicológico y/o farmacológico, sólo llega a buen puerto en el 3-5% de casos— y se proteja con decisión al fumador pasivo. Pero de ahí a condenar al paro a un 20% de la población, media un abismo. Y crece la sinrazón cuando se analizan otros parámetros que brinda la estadística o se consideran algunas dejaciones y afirmaciones claramente tendenciosas. Esto último aplicable también a España, donde las medidas encaminadas a reducir el tabaquismo están lastradas por el beneficio que el consumo representa para el erario público: un 75% aproximadamente del precio de la cajetilla corresponde a impuestos, y se calcula que el montante triplica el gasto sanitario derivado de la asistencia a patologías atribuibles al tabaco.
    Los porcentajes de fumadores varían entre distintos países; desde un 25% aquí al 19% en EE UU o el 15% en Suecia, diferencias atribuibles en buena parte a la bondad de las políticas diseñadas. Por lo demás, en Estados Unidos, eje central de estas reflexiones, existen peculiaridades y datos al respecto que dan que pensar. Llama la atención esa cuasi obsesión por el humo (variable según Estados, porque en algunos se sigue permitiendo fumar en locales públicos, caso de Virginia, Alabama o California entre otros, siempre que haya la adecuada separación de ambientes) mientras se sigue tolerando la tenencia de armas de fuego, causantes, entre niños y adolescentes, del doble de muertes que las atribuidas a los distintos cánceres en su conjunto.


    Respecto a la contratación laboral supeditada al hábito, de ello se seguirá que el mismo, el consumo de tabaco, pesará más que una buena preparación o la idoneidad para el cargo, lo cual —la imposibilidad de fumar en el lugar de trabajo se da por sabida— es injusto y de una ética cuestionable siquiera por comparación, ya que otros estilos de vida o comportamientos igualmente nocivos (la comida basura y la obesidad ocupan en EE UU los primeros lugares, y la diabetes o enfermedades cardíacas pueden ser las eventuales consecuencias) no son penalizados con la misma saña. ¿Por qué el fumador habría de ser más absentista, como aducen, y rendir menos que un gordo o un noctámbulo? En parecida línea, ¿Se prohibirá contratar a mujeres en edad fértil en prevención del embarazo y consiguiente baja laboral? ¿O a quienes mantengan relaciones sexuales sin protección?
    Pero es que, además, los propios datos de ese país ponen en solfa la medida. Con relación al nivel de instrucción y económico, se conoce que, en EE UU, el número de fumadores es mayor (36%) entre quienes viven en el umbral de la pobreza; el 45% de los desempleados fuman (más del doble que la población en su conjunto), y el 42% de los indígenas (datos recientemente publicados en la revista The New England Journal of Medicine). La peregrina ocurrencia de no emplear a fumadores supondrá, a la luz de estos datos, empeorar las perspectivas del segmento de población más necesitado de un cable; de una oportunidad para salir de la miseria.

    Bien está promover la salud, pero entre los límites que establece la libertad de elección individual. Incluso cuando esa elección ponga en peligro la propia salud, que no la del vecino. Ir más allá implica un fundamentalismo inaceptable y, en este caso, una condena sin más justificación que la que asistía a los nazis respecto a los judíos.

     

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