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Sobre este blog de Sociedad

Médico, escritor y columnista en el Diario de Mallorca desde hace 15 años. Entre la oncología y las palabras día tras día, aunque consciente de que, hombre de muchos oficios… Si les apetece más información, la encontrarán en: ...


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  • 02
    Febrero
    2014

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    No es país para jueces

    Se parece al No es país para viejos, la novela de McCarthy, pero plagia el título del libro que, según anuncia Elpidio Silva (E.S), publicará en breve: La Justicia desahuciada. España no es país para jueces. Un plural inquietante, el de jueces, aunque apoyado por numerosos indicios de patrimonialización de esa justicia por el poder político-económico y que tiende, desde el espectáculo bochornoso, hacia la abyección.


    Todo lo mediático que quieran el tal E.S, y puedo aceptar que la investigación judicial no habría de airearse para alimentar morbo y audiencia. Sin embargo, los treinta años de inhabilitación y fianza de 60.000 euros que se solicitan al juez, no tienen que ver con eso. Él es quien metió por dos veces en chirona a Blesa (por unos días; menos de los que estará quien robe un pollo para comer), y resulta que ha prevaricado porque se incautó de sus mails “mediante providencia y no con un auto motivado”, lo que al parecer equivale a ser injusto a sabiendas. Con esa perspectiva, el ex presidente de Caja Madrid —encausado también por la turbia compra del Banco de Miami— pasa a ser la víctima, y el juez, un pícaro a quien convendrá escarmentar.

    Que la justicia no sea ya “una virtud exacta” y muestre su mediatización bajo las enaguas, no se sostiene únicamente en lo anterior. Porque llueve sobre mojado, y si en el caso de E.S son los abogados de Blesa y Díaz Ferrán (dos inocentes pajaritos) quienes manejan la vara de medir al juez, otros ejemplos abundan en el más de lo mismo. El juez Baltasar Garzón (B.G) fue quien destapó la trama Gürtel e investigaba también los crímenes del franquismo, ¿recuerdan? El resultado: Camps, el valenciano, absuelto, mientras que B.G, por unas escuchas que por cierto habían sido autorizadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, fue condenado a 11 años de inhabilitación y por cuestión parecida a la que se esgrime contra E.S, aunque no deje de sorprender que el uso de la tecnología sin la preceptiva autorización (?) sea motivo de suspensión del cargo para los jueces, mientras que si es una alumna (afín al PP) quien obtiene información en su Centro de modo subrepticio, entonces es el director del IES de Marratxí, Jaume March, quien resulta expedientado, lo cual da que pensar y quizá obedezca a que pone palos en las ruedas de ese TIL tan querido por nuestro president.


    Pero sigamos con B.G, porque el asunto da más de sí. Pesaba también sobre el susodicho una imputación por cohecho (debido a la financiación de unos cursos a los que asistió en Nueva York), aunque fue sobreseída —dejó de ser potencialmente útil como recurso alternativo— tras su condena en febrero de 2012. Cuatro meses después, en junio, B.G tramitó un expediente de indulto del que el Tribunal Supremo, año y medio más tarde, afirmó no tener constancia pese a que otros siete, enviados en las mismas fechas, ya han sido resueltos. Curioso, ¿no? Y por añadir un par de pinceladas más al ya hediondo cuadro, cabe señalar que en algunos casos, cercanos y sobradamente conocidos, las peticiones de indulto han supuesto una suspensión temporal de la condena. O que lo de Gürtel sigue bajo investigación por parte del juez Pablo Ruz quien, dicho sea de paso, deberá abandonar su cargo en la Audiencia Nacional en octubre (sustituyó, en comisión de servicios, a Garzón) y dejar paso al titular, Miguel Carmona. ¿Éste de talante más sumiso? Lo ignoro a día de hoy, aunque sospecho que Ruz no debe figurar en los altares del Partido que gobierna, tras haber ordenado el registro de la sede del PP por parte de la policía y a propósito de los desaguisados con Bárcenas, el 19-12-2013. Será apartado sin vuelta de hoja. Como si lo viera.


    Bien quisiéramos todos, me atrevo a afirmar, confiar sin ambages en el largo brazo de la ley aunque, a nuestro pesar, constatamos una y otra vez que la longitud del brazo y la mano larga sirven mejor a otros intereses. Los conceptos se manejan de forma torticera (que diría Felipe González), la seguridad del poder se sustenta en la inseguridad, también jurídica, de la sociedad en su conjunto, y la arbitrariedad campa por sus fueros utilizando como arietes la intimidación, mentiras y coacciones varias.

    El próxima sábado comparecerá la Infanta en el juzgado, aunque para clarificar sus actuaciones en el caso Aizoon, el titular del mismo, José Castro, no lo haya tenido fácil y le sobrevuelen apriorismos (“No ha cometido delito alguno”, sentenció el fiscal sin haber mediado interrogatorio. “No tendrá ningún problema”, asegura Rajoy en papel de Casandra) cuando no ataques de índole personal por su “fijación” con la Infanta o su egolatría. La presión sobre él llegó a tal punto, que el propio Consejo General del Poder Judicial ha señalado inaceptables maniobras sobre los jueces en el ejercicio de su cargo y, como se advierte, se está convirtiendo en tónica habitual el acusarlos de prevaricación cuando investigan a según quién o qué. Pero nos dirán, parafraseando a Sartre, que aun siendo cierto no hay que hablar de ello. Y así nos va. Aunque a algunos, más que bien.

     

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