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Sobre este blog de Sociedad

Médico, escritor y columnista en el Diario de Mallorca desde hace 15 años. Entre la oncología y las palabras día tras día, aunque consciente de que, hombre de muchos oficios… Si les apetece más información, la encontrarán en: ...


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  • 22
    Febrero
    2014

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    La reforma sanitaria, en EE UU, a trompicones (I)

    La ley conocida como “Obamacare”, en siglas ACA (“Affordable Care Act”, o de protección sanitaria asequible, en traducción libre), promulgada en marzo de 2010, ha comenzado su andadura con suerte dispar a pesar de que, en el país del libre mercado sanitario, no pretenda terminar con él sino regular sus excesos y conseguir, mediante una mayor intervención del Estado, cobertura para la población con menos recursos.


    En esta línea, quienes ingresen entre el 100 y el 400% del considerado umbral de pobreza (de 23.550 dólares a 94.000, para una familia de cuatro miembros), contarían con subsidios federales que podrían cubrir hasta un 60% del precio de la póliza sanitaria. Se calculan en unos 19 millones los posibles beneficiarios, y no se incluye a los más pobres, ya atendidos a través de Medicaid, ni los ancianos, cubiertos por Medicare y parcialmente subvencionados en la actualidad. La ley, aun cuando pudiera aplicarse en su integridad, dista de proporcionar el abrigo asistencial que es habitual en Europa, aunque pueda suponer una sustancial mejora y es que, a día de hoy, la población sin seguro supera allí los 48 millones (más del 15% de sus habitantes) y, aún suponiendo un ACA a pleno rendimiento, se calcula que en 2023 todavía serían 31 millones los desprotegidos. Sin embargo, la expansión de Medicaid, con financiación pública, podría amparar a unos millones más, mientras que Medicare, que atiende a un porcentaje superior al 15% de la población, mejoraría sus prestaciones y reduciría los costes para el usuario (descuentos del 50% en los medicamentos expendidos con receta…).

    Sin embargo, es en el mercado de los seguros privados, hegemónico, donde la ley pretende actuar con mayor contundencia: ampliando la oferta con opciones de calidad y a menor precio, proporcionando créditos a las pequeñas empresas para la cobertura de sus empleados y estableciendo, para las grandes, la obligatoriedad de asegurar a todos, con subsidios estatales si el empresario cubriese menos del 60% del coste o éste excediese el 9,5% de los ingresos familiares brutos. Por lo demás, las compañías aseguradoras no podrán, como hasta aquí, establecer diferencias en la cuantía de la póliza en virtud del sexo, encarecer la prima si el beneficiario enferma (!) o negar asistencia a individuos de riesgo como viene sucediendo (en los últimos tres años, supresión de la cobertura a doce millones por estos motivos) y, en cualquier caso, habrán de justificar, frente al Estado, aumentos de tarifa superiores al 10%. Por ende, el acceso a prestaciones de carácter preventivo (vacunas, colonoscopias, mamografías…) será gratuito y se potenciará la asistencia primaria y domiciliaria, hoy bajo mínimos, merced a un aumento de remuneración para los profesionales implicados (Medicaid…).


    Mejoras ciertamente objetivas y un avance hacia la aún lejana equidad. A pesar de ello, esa reforma, que encima —aunque un servidor no termine de creerlo— podría autofinanciarse y no generar un aumento del déficit público (el ciudadano sin seguro deberá pagar un impuesto equivalente al 1% de sus ingresos en 2014, que aumentaría al 2,5% en 2016), ha empezado a hacer agua nada más salir de puerto y por razones varias. Es preciso que los jóvenes se aseguren masivamente a fin de que, con sus primas y el bajo gasto sanitario de este segmento poblacional, pueda compensarse el coste aumentado de Medicare y Medicaid, pero a fecha de hoy se está lejos de alcanzar las previsiones (2,7 millones de jóvenes asegurados de novo a finales de mayo), mientras que aumentan las pólizas en los tramos de mayor edad y más riesgo de enfermedad. En paralelo, la contestación a la ACA es alta en muchos Estados de la Unión, que tampoco mantienen políticas homogéneas respecto a los subsidios ofertados a los ciudadanos con menos recursos, y así, mientras en California la Obamacare goza de gran aceptación, no sucede lo mismo en otros con mayoría republicana; Carolina del Norte, por ejemplo, mantiene un rechazo frontal e igual ocurre en otros 24 estados, con la sartén por el mango desde que la Corte Suprema dictaminó, en junio de 2012, que la expansión de Medicaid, con un alto costo, sería opcional para cada uno de los estados miembros.

    Los argumentos del partido en la oposición, críticos con la ley desde sus inicios, hallan por otra parte interesado eco en unas compañías de seguros que, de progresar la implementación, temen ver reducidos drásticamente sus beneficios; las reticencias proceden también de una industria hospitalaria que se muestra hostil por razones parecidas e, incluso, de muchos profesionales del sector. Por todo ello, la reforma, pese a seguir permitiendo que en el país la sanidad constituya un pingüe negocio, tiene un futuro cargado de incertidumbres. Y es por comparación, cuando se cobra cabal conciencia de lo que aquí hemos conseguido. Todo esfuerzo por mantenerlo será poco o, en otro caso, podríamos terminar como ellos. Mala perspectiva, incluso si el ACA de Obama lograse cuajar. Y lo tiene difícil. Continuaré la próxima semana.

     

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