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Sobre este blog de Sociedad

Médico, escritor y columnista en el Diario de Mallorca desde hace 15 años. Entre la oncología y las palabras día tras día, aunque consciente de que, hombre de muchos oficios… Si les apetece más información, la encontrarán en: ...


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  • 05
    Octubre
    2013

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    La inversión rentable en sanidad: asignatura pendiente

    Parece que sea llover sobre mojado el argumentar sobre un deterioro en la sanidad que dista de haber tocado fondo y, no obstante, es el marco que justifica el título. La universalidad cojea, como ha quedado patente en nuestra Comunidad; la inequidad del sistema, pluricausal (demanda superior a la inversión, planteamientos sesgados…), se asienta aunque los gestores intenten disfrazarla, y no parece dibujarse en el horizonte la contestación profesional unánime, con métodos y objetivos capaces de cambiar una deriva que puede hacer incluso buena la actual situación.


    La macrogestión debe incorporar sin duda criterios económicos, y si la pretensión es defender hasta donde se pueda una estructura y prestaciones que hasta ayer nos enorgullecían, será preciso adecuarlas a la coyuntura actual y limitar —incluso suprimir— algunas en aras a mantener otras: aquellas que preservan la salud, permiten un diagnóstico precoz o el tratamiento de la enfermedad cuando establecida. Con este criterio, y dados los recursos finitos frente a unos costos en aumento, puede justificarse el copago con la oportuna regulación, o que se cercenen atenciones que antes se asumían. En suma, y si se impone la priorización, anteponer el cuidado de necesidades sanitarias de primer orden, sea cual sea la procedencia y estatus del demandante. Que una distinta concepción política en cuanto a la distribución de recursos pudiera dibujar otro escenario, es algo que pocos discuten y, no obstante, es el empecinamiento lo que difumina evidencias que, pese a su relevancia, no concitan la atención que merecen.

    Se hace patente una actitud que a mi juicio siembra de minas el futuro sanitario de este país. Así, los estudios epidemiológicos, el mantenimiento de registros poblacionales o las imprescindibles campañas educativas, no cuentan con el favor de quienes manejan los dineros. En lo que hace a la investigación básica y clínica, imprescindible para la mejora de cantidad y calidad de vida, es financiada en buena parte con recursos privados. Ahí tenemos la crisis del sector ejemplificada en el CSIC, o la disminución sustancial de los fondos de investigación sanitaria. En consecuencia, buena parte de los nuevos fármacos, con probado beneficio clínico respecto a los anteriores, han sido desarrollados por multinacionales que pretenderán después, con absoluta legitimidad, recuperar la multimillonaria inversión y obtener beneficios. Es al no considerarse la investigación una prioridad del sector público, por lo que el Estado se enfrenta (sí: se enfrenta, en lo que parece un encuentro hostil) a indiscutibles avances terapéuticos cuya aplicación implica unos costes que, si no quieren considerar prohibitivos (lo cual sería éticamente reprobable y políticamente un suicidio), obligarán a equilibrios presupuestarios que no podrán continuar en el tiempo y supondrán nuevos atentados contra la equidad de la atención.


    Y para ilustrar la miopía y falta de perspectiva que siguen presidiendo el hacer de los máximos responsables, bastará un solo ejemplo. Es conocido el elevado coste de los tratamientos oncológicos (quimioterapia adyuvante) aplicados para prevenir, hasta donde es posible, una eventual recidiva. En cáncer de mama y tras la cirugía, se aplica en la mayoría de casos y el importe, para cada enferma, puede elevarse a decenas de miles de euros. Sin embargo, en los últimos años son posibles análisis genéticos, a partir de un fragmento del tumor extirpado, que permiten definir, con mayor fiabilidad que hasta hace poco (cuando se empleaban únicamente criterios clínicos: tamaño del tumor, estado de los ganglios…), un subgrupo de enfermas a quienes podría evitarse dicho tratamiento —largo, tóxico, costoso…— sin que por ello empeore el pronóstico a largo plazo. Pues bien: el mencionado análisis (con un precio de 2800 euros el que solicité hace pocas semanas) no es sufragado por ningún seguro privado y tampoco por la sanidad pública, de modo que sólo aquellas que puedan asumir dicho importe podrán tal vez, con las garantías que brinda el conocimiento actual, evitar dicho tratamiento.

    Más allá del alivio que supone para las afectadas, convendrá parar mientes en el ahorro que supondría un mayor uso de la citada prueba, aunque sólo fuesen un 5% las pacientes en las que se evitase la inversión de cien mil euros por caso, a cambio de 2800. Y el porcentaje sin duda aumentaría, por la detección de tumores en estadios más precoces, de aplicarse los exámenes de screening a toda la población diana (y no me refiero únicamente a los exámenes mamarios) y con la adecuada periodicidad, lo cual no sucede. Igualmente, la eficiencia (relación costo/efectividad) deseable también aumentaría en paralelo a la disminución de unas listas de espera en límites inaceptables. Es una visión experta y actualizada, libre de prejuicios y subordinaciones, la que podría modificar los funestos presagios que se vislumbran respecto a la sanidad, pero, ¿contamos con ella, aquí o en Madrid? Es la pregunta del millón. De los millones que, entretanto, se siguen malgastando en actividades de dudosa urgencia, cuando no superfluas.

     

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