Supongamos que en cada calle hubiera por decreto un único bar hereditario, y que el establecimiento dispusiera además de la licencia exclusiva para dispensar bebidas. En tal caso, el bar se llamaría farmacia, y si este mercado cautivo causa estupor –a menudo entre los licenciados no agraciados con una oficina–, la carcajada se desborda cuando los farmacéuticos exigen a su colega José Ramón Bauzá que empiece la resolución de la crisis por sus excelentes negocios. ¿Cuántas farmacias han cerrado desde 2008?, ¿cuál es el volumen de ingresos, el porcentaje de beneficios y el índice de paro entre farmacéuticos?

Aceptamos estoicamente que las primeras víctimas de la crisis fueran los banqueros, nos emocionaron las condiciones esclavistas de los controladores aéreos, ahora derramamos unas lágrimas por los farmacéuticos y pronto nos solidarizaremos con los notarios. Bauzá ha balbuceado por primera vez desde que llegó al Consolado del Mar, pero el president sabe mejor que nadie que la algarada de las farmacias puede servir para que ciudadanos despistados reparen en los privilegios apotecarios, y se proceda a la liberalización de un mercado feudal. Con o sin deuda del Ib-salut, más de un empresario se animaría a introducirse en el sector que sus monopolistas consideran asfixiado.

Lo cual nos lleva a los precios de la Sanidad, y demás artículos que los ciudadanos pagamos a escote con precios impuestos por una minoría. Se asegura que no se puede seguir implantando prótesis de miles de euros, ni dispensando gratuitamente fármacos de elevado coste. Nadie se pregunta por qué tienen ese precio y, sobre todo, a quién se venderán estos productos si los contribuyentes no pueden sufragarlos, de ahí la estafa de Son Espases. En la era de internet, habrá que explicar con sumo detalle la obligatoriedad de la intermediación decimonónica en la rebotica. En fin, mostramos desde aquí nuestra consternación por la situación de las farmacias, y urgimos a la puntualidad de pagos. Los cien mil parados pueden esperar.