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Blog A tiro - María Elena Vallés

María Elena Vallés

Periodista de Cultura en "Diario de Mallorca". Comencé en "El Mundo-El Día de Baleares" en la misma sección. He colaborado en algunas ocasiones en espacios culturales de IB3. Twitter: @ElenaValles

Sobre este blog de Cultura

Este blog es en principio un recopilatorio de los artículos de opinión y análisis sobre la actualidad cultural de la isla que se publican los domingos en "Diario de Mallorca" bajo el epígrafe "A tiro". En la medida de lo posible, se actualizará con más frecuencia.


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  • 23
    Marzo
    2014

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    El fin de la inversión colectiva

     

    Reconozco que acabamos con la hartura por las nubes con el crowdfunding. El año pasado nos llegó a invadir la sensación de que nadie era capaz de poner en marcha un proyecto sin iniciar una campaña de financiación colectiva a través de alguna de las múltiples plataformas digitales –tipo Verkami– que lo permitían. El absurdo se impuso en algunos momentos: un grupo de amigos pidiendo buenos cuartos para costearse un viaje en autogiro –o girocóptero– alrededor del mundo o gente que posiblemente jamás había aprobado Lengua en el colegio pasando la gorra para escribir una novela sobre su familia. Llegué a ver sandeces así. Es cierto que con el crowdfunding hay que seleccionar muy bien los proyectos, pero ni más ni menos que con todo esto que vienen llamando era de la información. Sin embargo, ahora que ya parece un sistema consolidado entre nosotros, el sentido común y la selección natural ya se estaban imponiendo. Y, por supuesto, el Gobierno no ha tardado ni un año en ponerle las zarpas encima.


    Como se ha publicado recientemente, el Ejecutivo prepara una ley para limitar drásticamente el crowdfunding, en concreto estudia establecer un tope (de 3.000 euros por proyecto y 6.000 al año por plataforma) a las aportaciones personales. Una medida que aleja a España de los países de su entorno y que exhibe una incoherencia abrumadora en el contexto que vivimos. Si el dinero no fluye, si los bancos o las líneas de financiación públicas no dan el crédito esperado, ¿por qué se limita de este modo un nuevo modelo que apareció como agua de mayo y gracias al cual se pudieron sacar a flote proyectos y pequeñas empresas? ¿Un sistema que benefició especialmente al sector cultural, el más recortado a nivel público?


    ¿Por qué el Gobierno pone límites a toda propuesta que surge de manera alternativa y es impulsada por la colectividad? ¿Por qué el Ejecutivo no pone límites al dinero que un ciudadano pueda desembolsar en una compra inmobiliaria, o en preferentes, o en acciones o en la adquisición de bolsos de Louis Vuitton o en   20 coches? ¿Por qué no puede invertir uno lo que desee de sus ahorros en esas nuevas empresas o proyectos colectivos?


    La normativa sí debe existir, por supuesto, pero a fin de proteger los derechos de quienes invierten en estas plataformas de crowdfunding y para evitar fraudes, básicamente. Sin embargo, llama la atención en el caso español que ningún país de la UE haya fijado límites tan bajos (nos referimos a aportaciones tan exiguas) como los nuestros. Y que el Gobierno no haya caído en la cuenta –o sí lo ha hecho y no le interesa y por eso pone sus puertas al campo– que la mayoría de proyectos que demandan financiación colectiva están relacionados con sectores altamente cualificados y que asociamos a países más avanzados que el nuestro: me refiero a propuestas relacionadas con las nuevas tecnologías, la ciencia, la cultura o el medio ambiente, y mira por dónde, proyectos empresariales liderados en su mayoría por jóvenes con estudios, en la treintena, y sin patrimonio. Qué curioso, ¿no?, que el Gobierno vaya aplicar medidas tan drásticas contra el crowdfunding en un país con tal tasa de paro juvenil, unas medidas misericordiosas y proteccionistas de las fórmulas tradicionales de financiación, que tan escaso crédito están ofreciendo a los desposeídos. ¿A quién amenaza en profundidad el crowdfunding?


    Lo peor de esta futura legislación son las exigencias a las plataformas tipo Verkami que gestionan este tipo de inversiones-donaciones a través de la red. En breve, deberán tener un capital social igual o superior a 50.000 euros o un seguro de responsabilidad civil de un valor de 150.000 euros anuales. Cuando la ley entre en vigor, ¿cuántas quedarán en pie? ¿Echaremos de menos ese crowdfunding que tanto llegó a hartarnos el año pasado pero que posibilitó historias tan gratificantes como Cultura a Casa?

     

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