EFE. MADRID
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha demandado una ley estatal que garantice los derechos sociales de todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia.
Según la Plataforma, que representa a los casi cuatro millones de discapacitados que viven en el país, durante estos últimos años de competencias exclusivas de las autonomías, los servicios sociales "no están garantizados y no alcanzan el rango de derechos".
Por ello, ha llegado "el momento" de promulgar una ley estatal que asegure unos parámetros iguales de atención a las personas que precisen apoyos para su inclusión social.
"Resulta un contrasentido que un Estado moderno como el español carezca absolutamente de competencias en materia de garantía de derechos y servicios sociales, y que sólo sean las comunidades autónomas las que tengan potestad en estas cuestiones", añaden en un comunicado.
Para los grupos vulnerables y en riesgo de exclusión, como los discapacitados y sus familias, resulta "preferible un sistema de garantía de derechos sociales de ámbito estatal, que asegure unos resultados de atención y apoyos, que 19 sistemas distintos, diversos y dispersos, que acentúan las desigualdades por razón de dónde se resida".
La Constitución ampara al Estado para dictar una ley de estas características, tanto a través de las competencias en la esfera de la Seguridad Social como respecto de garantía de unas condiciones básicas de igualdad de todos los españoles.