La legislación española no sólo incluye medidas punitivas sino también preventivas, de información y protección a las víctimas de la violencia de género. Algunos de los puntos más destacados de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género son:
Independencia económica
Las mujeres agredidas mejorar sus derechos laborales: tienen derecho a la reducción de su jornada laboral, a movilidad geográfica, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y a la extinción del contrato. En los dos últimos supuestos con derecho a cobrar el subsidio de desempleo. También se recoge una ayuda económica y un programa de reinserción laboral así como prestaciones por incapacidad por agresiones y bonificaciones a las empresas que las contraten.
Medidas destinadas a la formación de las víctimas de violencia de género fomentar su independencia económica.
Prioridad en el acceso a viviendas de protección oficial.
Servicios de atención
Los servicios de atención a mujeres agredidas quedan homologados en comunidades autónomas y ayuntamientos para garantizar que todas las víctimas pueden acceder a los mismos recursos: terapia psicológica, seguimiento legal, apoyo social y educativo, etc.
Mayor seguridad
Se crea unidades especializadas y se coordinan los distintos cuerpos policiales.
Rehabilitación de los agresores
Se generalizan los programas de rehabilitación para los agresores y la suspensión cautelar de licencia de armas a los inculpados por actos de violencia contra la mujer.
Más juzgados
Se amplía el número de juzgados dedicados a la lucha contra la violencia machista, de modo que en la actualidad hay al menos uno en cada partido judicial. Además, se crea la figura del fiscal contra la violencia de género, que interviene directamente en aquellos procesos penales y civiles de especial trascendencia. Por otro lado, las víctimas de violencia de género tienen derecho a la defensa gratuita en los juzgados.
Endurecimiento de las penas
Las amenazas leves conllevarán una pena de seis meses a un año de prisión. Las coacciones leves, pena de seis a 18 meses. La pena por lesiones pasa a ser de cinco años. De igual modo, se suspende el régimen de visitas del agresor a los hijos siempre que exista violencia familiar y se puede inhabilitar a maltratador para el ejercicio de la patria potestad hasta cinco años.
Educación
La educación para la igualdad y contra la violencia de género forma parte de la Educación Secundaria. Uno de los miembros de los consejos escolares se encarga impulsar medidas educativas en favor de la igualdad y contra la violencia de género.
Por otra parte, la publicidad que utilice el cuerpo y la imagen de la mujer de forma discriminatoria o vejatoria puede ser calificada como ilícita y ser sancionada.
Nuevos recursos
La aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género supuso la creación de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género, y de un Observatorio Nacional de Violencia sobre la Mujer.
Detección precoz
Se implantan programas de detección precoz de los malos tratos en los ambulatorios y se desarrollan de programas de sensibilización y formación de personal sanitario, así como protocolos de actuación en colaboración con la Administración de Justicia.
Otras normas
Las distintas comunidades autónomas han desarrollado diversas normas reglamentarias en las que subrayan que la violencia de comprende cualquier acto de violencia que tenga o pueda tener como consecuencia un perjuicio o sufrimiento de la salud física, sexual o psicológica de la mujer, incluyendo amenazas, abusos, coacción o privaciones arbitrarias de su libertad tanto si se produce en la vida pública como privada.
