El obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, dijo hoy que los católicos no pueden apoyar el proyecto de ley del aborto, ni darle su voto, y, si lo hacen, "están objetivamente en pecado público y no pueden ser admitidos en la sagrada comunión".

Camino, durante un desayuno informativo organizado por la Fundación San Pablo-CEU, precisó que esto no quiere decir que estén excomulgados, ya que "la excomunión está prevista en el Código de Derecho Canónico para quienes son cooperadores directos de un aborto realizado".

El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española inauguró hoy los desayunos informativos CEU, una nueva iniciativa de la Dirección de Comunicación y Relaciones Externas de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con una conferencia sobre "el derecho a la vida".

Camino centró su intervención en tres aspectos de los problemas o circunstancias con los que puede, dijo, desarrollarse un tema tan complejo como el del aborto:"Todos tenemos derecho a la vida; si existe o no conflicto entre el derecho de unos frente al de otros, y si el Estado debe proteger siempre este derecho".

Para el prelado, nadie puede privar de la vida a un ser humano inocente: "Es un principio que no admite excepciones y que está basado en la dignidad inviolable de todo ser humano, lo que significa -explicó- que el ser humano es un ser en sí mismo, no un medio para un fin, es siempre sujeto y no objeto, y lo es porque no está cerrado sobre si sino abierto siempre a un fin".

Camino se preguntó "¿quiénes son todos, quién es el ser humano?, para responder que donde hay un cuerpo humano vivo hay un ser humano y una dignidad inviolable, y eso ocurre "desde el mismo momento de la fecundación porque el cuerpo se desarrolla desde una continuidad que no permite hablar de pre-humano o de post-humano".

Reconoció que pueden existir problemas de todo tipo que lleven a una mujer a tomar la decisión de abortar, y agregó que no son pocas las circunstancias adversas y de todo tipo que pueden llevar a esa decisión, incluso el desánimo de no querer traer a un mundo hostil un nuevo ser humano.

La Iglesia católica, señaló Martínez Camino, entiende que "exista esa tentación, pero esas dificultades no tienen que llevar a sacrificar conscientemente la vida de un ser humano incipiente, y, en todo caso, el primer derecho que debe ser protegido es el de los más débiles, porque no es ético que el más fuerte haga prevalecer su derecho sobre el derecho a la vida del más débil".

En el tercer punto de su exposición, el papel del Estado, Camino dijo que éste debe proteger siempre el derecho a la vida y no puede ponerse por "encima del ser humano". Se trata, indicó, "de un bien público de primera categoría, de la mayor relevancia, que todos tenemos obligación de proteger".

"No pertenece tampoco a la moral privada o de las creencias de determinadas confesiones religiosas. El principio de no matarás no es una cuestión de moral privada y el Estado tiene la obligación de proteger la vida, lo que no quiere decir que las mujeres que aborten tengan que ir a la cárcel".

El prelado se refirió también a la objeción de conciencia, como un derecho reconocido en la Constitución dentro del derecho a la libertad religiosa, y felicitó "a quienes hoy ejercen este derecho; hay que agradecerles su coraje cívico y su valentía" en una situación que no favorece el ejercerlo".