M. ELENA VALLÉS
"Sí, pero no al lado de mi casa". Los vecinos del Raval están de acuerdo en que se reabran los puticlubs siempre y cuando estén a varias calles de sus hogares. El alcalde de Barcelona estudia reabrir los meublés de Ciutat Vella para que las putas no "molesten" en las vías del barrio. Un conflicto social que deben enmendar sus propios causantes y culpables, los políticos. Porque seamos francos, el Raval no es más que un distrito que los sucesivos cargos públicos y empresarios del sector turístico han ido convirtiendo en un tremendo burdel al aire libre del que han estado sacando rédito.
Esto mismo es lo que ha sucedido en Magaluf. A finales de los años setenta, el ayuntamiento de Calvià, el Consell y el Govern decidieron que la legislación también podía cocinarse a la mallorquina. Con escuadras y cartabones de hoteleros y constructores, pintaron un plan territorial con el que frotarse las manos y entregaron el municipio a la industria turística y del ladrillo, fieles a la máxima de hacerse ricos en dos días. La aglomeración de Punta Ballena, evocadora de comportamientos de estadio de fútbol, remachada de neones decadentes y con tías en camiseta mojada, se convirtió en reclamo para hooligans. De nuevo los empresarios, con la connivencia del consistorio, abrieron locales horteras para ingleses y franquicias de comida rápida. Punta Ballena se fue fraguando bajo el auspicio de un ayuntamiento que veía recaudaciones de impuestos por todas partes sin preocuparse por el monstruo deforme que estaba creando: el municipio más rico de Europa, decían. En el año 2000 llegaron las putas a la calle. Y en 2004, año Rasputín, Carlos Delgado impulsó una ordenanza municipal para erradicarlas. El resultado: cinco años de avestrucismo político. Pero las portadas obligan a salir de la madriguera y a proponer parches, aunque sólo consigan esconder las putas debajo de la alfombra por un tiempo. El ayuntamiento de Calvià sabe que para terminar con la prostitución debería cerrar cientos de bares y hoteles baratos (con una inspección sanitaria bastaría). Clausurar ese parque temático de baratijas y emociones fuertes que se ha convertido en el motor económico de la Administración municipal y muchos vecinos. Porque a los empresarios gordos ya no hay quien los haga responsables de nada: se fueron de Mallorca con sus escuadras y cartabones a los países de ultramar, en busca de otras legislaciones que corromper.