REDACCIÓN. PALMA.
El Ministerio de Defensa no contratará a empresas que no cumplan la reserva legal del 2% de contratación de personas con discapacidad o cumplan las medidas alternativas, cuando tengan una plantilla de 50 ó más trabajadores y estén sujetos a esta obligación legal.
Para acreditar el cumplimiento de esta obligación, se exigirá a los licitadores una declaración responsable, en la que manifiesten que cumplen con dichas obligaciones o que, por emplear un número inferior a 50 trabajadores, se encuentran legalmente exentos de su cumplimiento.
Así lo establece un documento interno elaborado por el Ministerio donde se estipulan las normas sobre integración de personas con discapacidad en el ámbito de la contratación pública. Esta iniciativa responde a una demanda planteada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Según esta normativa interna, los órganos de contratación comprobarán además que las empresas y personas licitadoras no hayan sido sancionadas con carácter firme por infracción grave o muy grave en materia de integración laboral, igualdad de oportunidades y discriminación a personas con discapacidad. El documento establece que los órganos de contratación del Ministerio, al examinar las proposiciones y solicitudes de participación que presenten las empresas, comprobarán que éstas no están incursas en las prohibiciones de contratar, que estipula la Ley de Contratación del Sector Público (LCSP).