La Junta Electoral Central impidió a un sordo presidir una mesa en los comicios europeos

EFE. MADRID. El Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado "la discriminación" y "el mal trato" de la Junta Electoral Central hacia una persona sorda al "relevarle de su obligación" como presidente de una mesa electoral el pasado domingo.
José Miguel es una persona con sordera que había sido designado para ejercer como presidente de mesa electoral en el colegio Giner de los Ríos, de Madrid, por lo que remitió un requerimiento a la Junta Electoral Central (JEC) solicitando el concurso de un intérprete de lenguaje de signos. El CERMI ha precisado que la Ley 27/2007 ampara y defiende la accesibilidad de las personas sordas a través de la figura del Intérprete de Lengua de Signos Española (ILSE), por lo que José Miguel "sólo esperaba que dicho requerimiento fuera atendido para actuar como una persona más en el desempeño de una función democrática normal".
Pero la Junta Electoral Central le comunicó el sábado, día 6, por la mañana, mediante resolución contra la que no cabe recurso, que quedaba "relevado" de su obligación debido a que "la perentoriedad en la inmediatez en la resolución de todas las cuestiones que puedan plantearse en las operaciones electorales, puede suscitar problemas que dificulten o impidan tal participación".
José Miguel decidió ir a la mesa electoral en la que debía ser presidente, pero la Policía Municipal no le permitió ejercer como tal, mostrándole un documento en este sentido. El CERMI y la Federación Fesorcam de Madrid, entidad miembro del Comité, han denunciado "el mal trato de la JEC hacia una persona sorda" al relevarle de su obligación como presidente de una mesa electoral. Han precisado que la resolución en la que se basó la Policía para no dejarle ejercer alude a leyes que regulan los procesos electorales de 2003 y aduce "un vacío legal para este tipo de situaciones", pero no menciona la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral.