En el mismo estudio, presentado hoy en Rabat, HRW también denunció el férreo control que el independentista Frente Polisario ejerce sobre los habitantes de los campos de refugiados de Tinduf, en Argelia, y reclamó la libertad de movimientos para quienes desean regresar al territorio controlado por Marruecos.
El informe constata que, pese a que las autoridades marroquíes han logrado progresos, aún utilizan "una combinación de leyes represivas, violencia policial y procesos judiciales injustos" para castigar a los saharauis que defienden la independencia o la autodeterminación.
"La represión se ha reducido en cierto modo y actualmente los disidentes están poniendo a prueba los límites", señaló en un comunicado Sarah Leah Whitson, directora para Oriente Medio y Norte de África de Human Rights Watch.
Para Whitson, si las autoridades marroquíes quieren ser juzgadas en función de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos "todavía les queda mucho que mejorar", agregó.
HRW, que no se posiciona sobre la disputa política sobre la ex colonia española, denuncia que el problema va más allá de las leyes represivas y se extiende a casos de maltrato a los detenidos y, ocasionalmente, a la tortura.
La organización reconoce que en las manifestaciones saharauis se producen a veces actos de violencia, pero que "no justifican la prohibición general de las reuniones pacíficas".
"El problema internacional del Sahara Occidental ha estado en segundo plano durante décadas. No obstante, este conflicto sirve para que el mundo pueda entender y abordar los problemas más amplios de derechos humanos que siguen existiendo en Marruecos", dijo Whitson.
Por ello, esta ONG insta a Rabat a revisar o eliminar las leyes que penalizan las actividades políticas o asociativas que pongan en tela de juicio la "integridad territorial" de Marruecos.
Además, también apela a las autoridades a poner fin a la impunidad de los abusos policiales y a garantizar que las sentencias de los tribunales se basen en el examen imparcial de las pruebas.
El informe, de 216 paginas y titulado "La situación de los derechos humanos en el Sahara Occidental y los campamentos de refugiados de Tinduf", también dedica su atención a los abusos del Frente Polisario en Argelia.
La situación de los derechos humanos en estos campos de refugiados ha mejorado, según HRW, aunque el Polisario margina a quienes se oponen a su autoridad.
Esta organización "permite que los refugiados critiquen su gestión de los asuntos cotidianos", aunque en la práctica los excluye y pone trabas a su libre movimiento.
"Los refugiados de Tinduf llevan más de 30 años exiliados de su patria, y gobernados por un movimiento de liberación en condiciones de dureza física y aislamiento", señaló Whitson, quien pidió a Argelia que también se haga responsable del respeto a los derechos humanos en esta alejada e inhóspita región del sur del país.
Por ello, la organización llama al Polisario a adoptar medidas para que todos los residentes de los campamentos sepan que pueden salir libremente, lo que incluye trasladarse a la región del Sahara Occidental bajo control marroquí.
Rabat considera oficialmente a los refugiados de los campos de Tinduf "secuestrados" por el Polisario y el Gobierno argelino.
Finalmente, Human Rights Watch reclama al Consejo de Seguridad de la ONU que garantice que la presencia de las Naciones Unidas en la región incluye la verificación regular de la situación de los derechos humanos.
Esa presencia, a través de la Misión de la ONU para el Referéndum en el Sahara Occidental (MINURSO), tiene el deber de velar por que se respeten las convenciones internacionales en esta materia, según HRW.
Marruecos ha administrado el Sahara Occidental desde que se anexionó la región tras la retirada de España de su antigua colonia en 1976, aunque la ONU no reconoce la soberanía marroquí.
